Los autores intelectuales del asesinato de la activista medioambiental y líder indígena Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, siguen impunes, sin que las autoridades de Honduras hayan “mostrado voluntad política” para sancionarlos. Así lo denunciaron ayer en conferencia virtual con medios locales e internacionales familiares de la activista e integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (Copinh).
Informaron que tras varias suspensiones, en unos días concluirá el juicio contra David Castillo, ex oficial de la inteligencia militar de aquella nación centroamericana, quien fue gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa) y fungió como “enlace” entre quienes ordenaron la ejecución y los sicarios.
Sin embargo, advirtieron, Castillo “es sólo un eslabón de una estructura criminal”, pues señalaron como responsables intelectuales a varios miembros de la familia Atala, accionistas de Desa –compañía hidroeléctrica contra la que luchó Cáceres–, además de una complicidad del Estado que implica a funcionarios de gobierno y de las fuerzas armadas.
Berta Zúñiga, hija de la ambientalista, aseveró que el juicio contra David Castillo debe ser la base para descubrir a la “estructura criminal” que asesinó a su madre y sigue violentando a defensores del ambiente y comunidades, incluidos los vínculos con autoridades.
Camilo Bermúdez, del Copinh, confió en que el proceso judicial demuestre que Castillo “cumplió un rol de enlace entre dos estructuras: una sicarial y otra de toma de decisión”.
Hay otra denuncia pendiente
Asimismo, establecieron que existe otra denuncia interpuesta por la presunta responsabilidad de integrantes de la familia Atala, en especial de Daniel Atala y José Eduardo, Pedro y Jacobo Atala Zablah.
Y es que el análisis de telefonía, de mensajes de texto y otras pruebas apuntan “a su participación en el asesinato”, por lo que desde 2017 hay una solicitud de requerimiento interpuesta ante la Fiscalía General.
