Ciudad de México. El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, le negó al ex senador panista Jorge Luis Lavalle, la suspensión provisional contra la prisión preventiva justificada que le impuso un juez de control con sede en el Reclusorio Norte, el pasado 9 de abril

Por ello, el ex funcionario deberá permanecer privado de la libertad mientras dure su proceso. Los cargos contra el ex legislador se relacionan con actos de corrupción para la aprobación de las llamadas reformas estructurales en el gobierno de Enrique Peña Nieto, al supuestamente haber recibido sobornos con recursos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la constructora brasileña Odebrecht.

El panista tramitó la demanda la semana pasada y en la cual, alegó, la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta afecta o daña irreparablemente a sus cuatro hijos, pero no sólo eso, argumentó que solicitó la suspensión definitiva porque, a su juicio, se trata de un caso excepcional, por presentar un “trastorno mental” que le impide permanecer privado de su libertad.

En ese sentido el impartidor de justicia respondió que es improcedente concederle la medida cautelar, ya que “no se observa alguna circunstancia de la cual pudiese advertirse una situación afectatoria a la integridad física o emocional de sus hijos”.

Agregó que de aceptar lo contrario, “llegaríamos al absurdo de que la prisión preventiva no podría imponerse a una persona que tuviere dependientes directos, como hijos menores de edad, lo cual desde luego no fue la intención del constituyente permanente y del legislador”.

Lavalle únicamente obtuvo la suspensión provisional para que quede a disposición del juzgado de amparo, en lo que se refiere a su libertad personal y a disposición del juez responsable, respecto al procedimiento penal.

Lavalle es el primer imputado vinculado a proceso de los 70 señalados en la denuncia que realizó Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, luego de que acordó con la Fiscalía General de la República (FGR) convertirse en testigo colaborador y aportar pruebas contra quienes recibieron sobornos para aprobar las reformas en el ámbito eléctrico y de hidrocarburos, entre otras.