San Cristóbal De Las Casas, Chis., La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 12 comunidades indígenas tzotziles del municipio de Aldama, por lo que exhortó al Estado mexicano a adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad física de las personas, garantizar su seguridad en el interior de sus localidades y durante sus desplazamientos”, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
En un comunicado, señaló que “los habitantes de las comunidades identificadas no pueden realizar con tranquilidad sus actividades propias del día a día, como sembrar maíz y frijol, o cosechar café”, debido a constantes disparos de armas de fuego, provenientes de la vecina Santa Martha, Chenalhó. Aseguró que con las medidas cautelares la CIDH busca que se prevengan “amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia armada en su contra”.
Indicó que “la medida cautelar protege a las comunidades Cokó, Tabak, Xuxchén, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxtón, Tselejpotobtic, Yetón, Chivit, Sepeltón, Yoctontik y la cabecera municipal de Aldama”.
El Frayba manifestó que “laCIDH realizó un amplio estudio de la información proporcionada tanto de los peticionarios como del propio Estado mexicano, observando que ‘si bien se han implementado diversas medidas de protección a favor de los habitantes de la zona, las mismas no han permitido mitigar la situación de riesgo’”.
Celebró la decisión de la CIDH y exhortó al Estado mexicano a que “cumpla de inmediato las medidas para garantizar los derechos humanos de las personas, así como investigar, desarmar, desarticular y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas contra las 12 comunidades de Aldama”.
Sostuvo que “en los últimos tres días los disparos han provenido de los puntos de ataque El Colado Fracción Aktik 2, Telemax, Telesecundaria Santa Martha, Ontik y Tokoy, pertenecientes a Chenalhó, hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabak, Yetón y Cokó, de Aldama”.
Reprochó que “estos ataques se mantienen debido a que el Estado mexicano no ha desarmado y desarticulado al grupo agresor, no ha realizado una investigación eficaz para identificarlos ni mucho menos la relación con funcionarios públicos o la delincuencia organizada, además de la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva de los territorios, creando un clima de incertidumbre permanente para los habitantes de Aldama”.
