Ciudad de México. Académicos e investigadores de instituciones educativas de nivel superior, públicas y privadas, consideraron que una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que aspire a la transformación del país debe asegurar el financiamiento estable de la CTI a partir de un porcentaje incremental del gasto público anual, fortalecido con la colaboración público privada, la formación de redes internacionales, y la protección de derechos de propiedad intelectual, poniendo un objetivo temporal a un mínimo del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que señala la ley.

Al presentar las conclusiones de las “Jornadas de Reflexión sobre el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación” Lo que demanda el futuro de México”, Wiliam Lee, investigador y coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, señaló que durante este evento, se desarrollaron en 13 mesas con más de 120 miembros de 17 instituciones del sector, y seguido en redes sociales por miles de colegas, se confluyó una lista de 15 puntos, que deben estar incluidos en dicha ley y que estiman harán llegar al Congreso de la Unión, así como al el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Entre ellos, dijo que se debe procurar una adecuada distribución de recursos para la CTI entre las secretarías de estado y federaciones, para enriquecer la política pública, promover el desarrollo transversal de competencias institucionales y asegurar la atención a las necesidades de ciencia y tecnología regionales.

Adoptar un federalismo abierto y constructivo que favorezca la distribución de competencias y la coordinación para el funcionamiento del Sistema Nacional de CTI. Garantizar la participación amplia de la comunidad académica y de los sectores privado y social en los distintos niveles de planeación, formulación y coordinación de la política de CTI a través de órganos autónomos que den voz a las comunidades a nivel nacional y regional.

Asimismo, elaborar el programa de prioridades nacionales a partir de problemas que requieren una solución urgente para la sociedad, con base en la opinión expresada por las comunidades de científicos, tecnólogos, innovadores y la sociedad en general. Establecer mecanismos institucionales de comunicación pública de la ciencia que garanticen el derecho humano a los beneficios de la CTI.

El especialista añadió que también se tiene que asegurar la libertad de investigación con perspectivas de derechos humanos y equidad de género y el reconocimiento del valor estratégico de todas las formas de ciencia y eliminar cualquier discriminación en contra de las y los investigadores que trabajen en instituciones privadas, incluyendo los estímulos como miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

“Asignar los recursos a partir de convocatorias regulares y transparentes, que consideren los procedimientos de evaluación de la calidad de proyectos a partir de criterios claros y consensados, que se realicen a través de comisiones plurales en cuya conformación participe la comunidad científica. Diseñar políticas de fomento de vocaciones científicas, creación de plazas, cátedras, becas y otras formas de apoyo a la nueva generación de científicos y científicas para evitar su migración y fortalecer la planta existente”.

Además, agregó, promover la coordinación público-privada para el fomento de empresas de base tecnológica, los sistemas con productos agropecuarios, clústeres industriales y cadenas de suministro por medio del fortalecimiento de la cadena de incubación, fondos ángel y aceleradoras, por mencionar algunos puntos.