El diferendo entre el INE y Morena ha tenido el efecto positivo de colocar en el centro de la discusión pública la necesidad de una nueva reforma electoral que garantice la celebración de elecciones realmente libres, limpias y auténticas en México.
Los resultados electorales de 2018 crearon la falsa ilusión de que por fin habíamos alcanzado una democracia plena en México. El hecho de que por primera vez en la historia reciente llegara a Palacio Nacional una persona ajena a los pactos corruptos de los poderes económicos y políticos nos hizo olvidar por un momento los enormes obstáculos que Andrés Manuel López Obrador tuvo que superar en el camino.
La victoria de 2018 no fue en realidad un indicador de la consolidación democrática, sino una muestra de la enorme fuerza de la acción política y ciudadana que logró inundar las urnas con un tsunami de votos suficientemente grande para ahogar temporalmente los múltiples intentos de fraude (https://puedjs.unam.mx/informe/).
Pero siguen vigentes los problemas estructurales con nuestro sistema electoral que se han venido arrastrando desde los fraudes electorales de 1988 y 2006. Estos nudos críticos deben ser atendidos de inmediato por la próxima integración del Congreso de la Unión surgida de las elecciones del 6 de junio de 2021.
Uno de los temas más importantes para una nueva reforma electoral sería la austeridad. Hoy existe un injustificable derroche de recursos públicos no solamente en los partidos políticos, sino también en las instituciones electorales. En 2021, los partidos recibirán 14 mil millones de pesos de financiamiento federal y local, pero el conjunto de instituciones electorales federales y locales gastarán más de 32 mil millones de pesos en el mismo periodo. Urge una reingeniería institucional para reducir por lo menos a la mitad esta enorme bolsa de 46 mil millones de pesos que bien podría utilizarse para programas sociales o proyectos de infraestructura y desarrollo.
Un segundo tema sería la renovación integral tanto del Consejo General del INE como de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La actuación absolutamente parcial y sesgada de ambas instituciones durante el proceso electoral demuestra que los consejeros y los magistrados actuales se han despedido de una vez por todas de cualquier compromiso con la imparcialidad democrática (https://bit.ly/2PLGfQO y https://bit.ly/3gWuPF8).
Lo más recomendable sería seguir el ejemplo de las reformas electorales de 1996, 2007 y 2014 que lograron una renovación de los órganos de dirección de las instituciones electorales sin juicios políticos desgastantes y polarizantes. Al empatar los nuevos nombramientos con reformas constitucionales de gran calado avanzaron los cambios de mando sin mayores contratiempos.
Un tercer tema sería una transformación de los mecanismos de selección de los consejeros y los magistrados electorales. Las reglas actuales se prestan a acuerdos oscuros entre fuerzas políticas y privilegian perfiles grises que se dedican más a la politiquería y la gestión burocrática que a la defensa de la democracia. De manera paralela, se debe reformar la estructura interna del INE para asegurar una gestión más democrática y horizontal en el instituto (https://bit.ly/3ea8jXb).
Un cuarto tema sería la regulación de las campañas electorales en Internet. Urge actualizar la legislación para extender el importante blindaje actual contra la interferencia indebida del gobierno, los poderes fácticos y los medios en las campañas electorales para incluir a las redes sociales. No se trata de censurar o controlar el contenido de los mensajes que circulan en Internet, sino sólo de extender al espacio virtual, el monitoreo y la fiscalización que ya existe para la radio y la televisión con el fin de evitar el florecimiento de un peligroso mercado negro.
Un quinto tema central sería involucrar más a la ciudadanía en las instituciones electorales. Tal como he argumentado en un artículo reciente en la Revista de la Facultad de Derecho, ha llegado la hora de recuperar el espíritu ciudadano original de las reformas electorales de 1994 y 1996 por medio de una serie de reformas legales que empoderen a los observadores electorales y a la ciudadanía en general para participar en la vigilancia de la autenticidad de las elecciones (https://bit.ly/338YH92).
En el mismo espíritu, desde el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (Puedjs) de la máxima casa de estudios hemos lanzado un innovador esfuerzo de observación universitaria y ciudadana del proceso electoral actual que permite a la ciudadanía en general poner manos a la obra desde ahora para defender los principios democráticos durante las elecciones de 2021 (registros abiertos hasta el 9 de mayo aquí: https://cutt.ly/rbxzWlI).
