Las sequías son un fenómeno cíclico y predecible, por lo que sus efectos se pueden mitigar y prevenir, pero en México ocurren con una legislación que ha favorecido más extracción del agua, incluso en acuíferos sobrexplotados. La Ley de Aguas Nacionales, vigente desde el gobierno de Carlos Salinas, carece de disposiciones para enfrentar estas emergencias y sigue pendiente, desde 2013, la ley general de aguas para garantizar el derecho humano al líquido, apuntan expertos.

En la actualidad, 3 mil 304 empresas (uno por ciento del total) explotan 22.3 por ciento del agua concesionada en el país y gran parte de ésta se extrae de acuíferos sobrexplotados, indica el reporte Los millonarios del agua, una aproximación al acaparamiento del agua en México, realizado por Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma. Existen 653 acuíferos, de los cuales 115 están sobrexplotados, reconoce la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El problema no sólo es la sequía que enfrenta 85 por ciento del territorio nacional, sino una mala política pública, por ejemplo, se carece de disposiciones que permitan enfrentar estas emergencias, “hay un proyecto para una ley general de aguas que contempla situaciones de emergencia hídrica, con lo cual se podría afectar concesiones, y lo que ahora se hace es afectar el consumo humano, se pide que la gente lo reduzca pero no el de los grandes concesionarios”, señaló Miguel Angel Montoya, consultor en la materia.

En entrevista, Montoya mencionó que las industrias cervecera y refresquera, entre otras, tendrían que reducir su volumen de agua, pero la ley no lo exige. La Conagua, lejos de adoptar acciones para prevenir los efectos de la sequía, ha participado en exacerbar el fenómeno, ya que continuó con el sobreconcesionamiento de las aguas subterráneas; privilegió la proyección y construcción de grandes presas, pese a que se ha demostrado que tienen altas tasas de evaporación, y ha privilegiado las grandes obras de drenaje, ignorando los proyectos para la infiltración de agua pluvial y agua tratada al subsuelo.

Además, agregó, sigue permitiendo la concentración de las concesiones de agua subterránea a manos de los grandes usuarios, lo que agrava la desigualdad en el acceso. “De esta forma, los usuarios y consumidores de mayores ingresos tienen garantizado el acceso a agua subterránea de calidad, mientras los de menos ingresos dependen de fuentes superficiales, normalmente contaminadas y con altas tasas de evaporación”.

Desde 2017, Léo Heller, entonces relator especial sobre los derechos humanos al agua y saneamiento de Naciones Unidas, advirtió que la falta de un acceso continuo y suficiente al agua, entre otros factores, está relacionada con la sobrexplotación de los acuíferos “por razones que incluyen la necesidad de abastecer proyectos residenciales, industriales, agroindustriales, turísticos, extractivos y de desarrollo que requieren un consumo intensivo de agua”.