Casi dos años y medio después de emitida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) por las graves violaciones a garantías fundamentales por el caso Atenco, el Estado mexicano continúa en desacato y sólo ha cumplido dos de las nueve medidas de reparación ordenadas por el tribunal internacional.
Así lo informaron ayer mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos policiacos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México, y abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quienes han acompañado el caso.
En la sentencia condenatoria, la Coridh ordenó al Estado mexicano nueve medidas para dar verdad, justicia y reparación a las víctimas de tortura sexual:
Investigación a fondo que alcance a todos los responsables, a nivel estatal y federal, y que profundice en la cadena de mando; un acto público de reconocimiento de responsabilidad; fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual contra Mujeres; crear un Observatorio Independiente de Monitoreo en el Uso de la Fuerza; tratamiento médico y sicológico para las víctimas; cubrir los costos y gastos que ha significado el proceso de la organización civil acompañante; indemnizaciones y publicación de la sentencia en medios impresos y digitales.
Sólo se han instrumentado las dos últimas, pese a que la Coridh otorgó un plazo de dos años para la mayoría. “Se ha dejado el resto en alarmante incumplimiento”, lamentaron las denunciantes.
Les preocupa que la actual administración federal no haya validado dos medidas: la creación el Observatorio de Monitoreo de Uso de la Fuerza, con el argumento que sus instituciones de seguridad ya cuentan con órganos internos de control, y fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual.
Las abogadas del Centro Prodh Sofía de Robina, Melissa Zamora y María Luisa Aguilar reclamaron que aunque la FGR ha atraído las indagatorias por las violaciones a derechos humanos en Atenco, hasta ahora la Fiscalía del estado de México sigue sin remitirle el expediente, pese a lo ordenado por la Coridh y a que las víctimas ganaron un amparo en ese sentido.
“Tenemos las peores noticias, hemos recurrido a la exigencia de justicia, verdad y de no repetición con cuatro gobiernos distintos, que son un solo Estado mexicano, y los cuatro nos han llevado al límite de la injusticia”, lamentó Italia Méndez, una de las víctimas.
