La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado dejó pendientes de discutir y dictaminar 127 iniciativas presentadas por legisladores de todos los grupos parlamentarios, así como 26 minutas que envió la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura, la cual concluyó el pasado 30 de diciembre.
Entre estas últimas, postergó la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que turnó la Cámara de Diputados el 23 de marzo de 2021.
En esta minuta se destaca que el gobierno federal debe promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales, por lo que las autoridades deberán de garantizar la participación social de las comunidades indígenas y afromexicanas, de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, además de quienes pudieran resultar directa o indirectamente afectados, para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación.
Un pendiente más es el proyecto de decreto por el que se reforman la fracción quinta del artículo primero y las fracciones cuarta y sexta del artículo 158 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, minuta que envió la colegisladora y donde se propone establecer una serie de acciones para llevar a cabo la protección del suelo, el agua y los demás recursos naturales.
Otra minuta que no se dictaminó contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos segundo y séptimo de la Ley General de Cambio Climático. En ella, se propone establecer acciones enfocadas desde una perspectiva de género, con el fin de enfrentar los efectos adversos del cambio climático.
También aplazó el proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, que propone crear el atlas nacional de vulnerabilidad al cambio climático, un conjunto estructurado y sistemático de mapas que mostraría la vulnerabilidad ante este fenómeno y que orientaría las estrategias que dependencias y entidades de la administración pública utilizarían para elaborar planes de desarrollo urbano, reglamento de construcción y ordenamiento territorial de las entidades federativas.
