Buenos Aires., “Los niños no pueden ser jamás rehenes de situaciones políticas de ningún partido político, debemos proteger sus vidas y la de sus familias como de todo el pueblo”, escribió el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en una carta pública al intendente de la Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta, en la que advirtió que “es necesario y urgente proteger los derechos humanos individuales y de los pueblos”.

En la misiva, expresó que “obligar a los docentes a dar clases presenciales, muchos sin haber recibido la vacuna, es exponerlos a posibles contagios y por eso las medidas de prevención tomadas por el gobierno nacional son necesarias frente a la gravedad de la situación actual”.

A pesar de que el gobierno del presidente Alberto Fernández dispuso a escala nacional mantener hasta el 21 de mayo medidas de prevención, convocando a todas las jurisdicciones a reforzar los controles, llamando a la población a bajar la movilidad con el fin de disminuir los contagios y eliminar presión al sistema de salud colapsado en diversos lugares, Rodríguez Larreta anunció que no cejará en el tema de clases presenciales en su distrito, el de mayor cifra de contagios por la presente ola de Covid-19.

Mientras la Corte Suprema de Justicia sigue sin resolver la situación planteada como una jugada política por Rodríguez Larreta, judicializando su desobediencia a un decreto presidencial, ahora tampoco la policía capitalina controla, como se comprometió con el presidente Fernández, a que se cumplan los protocolos para evitar reuniones masivas de personas, aglomeraciones y situaciones similares. El descontrol en esta ciudad en los barrios más ricos es total, como se pudo ver este fin de semana, además de la realización cada vez más frecuente de fiestas clandestinas.

Los medios masivos de comunicación, como Clarín y La Nación incitan permanentemente a minimizar la situación, a criticar cada una de las medidas gubernamentales y a desobedecer al gobierno de Fernández, enrareciendo el clima político, en una evidente maniobra de desestabilización sobre la que advierten analistas, académicos y agrupaciones políticas y sociales del peronismo y de la izquierda aliada en este caso.

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Carlos Rosenkrantz, fue impuesto por decreto por el pasado gobierno del derechista Mauricio Macri, de la alianza Cambiemos, a la que pertenece Rodríguez Larreta, y controla, además, a jueces y fiscales y está en una campaña considerada desestabilizadora y “criminal” que están llevando al desastre sanitario.

Hay que agregar a esto que Rodríguez Larreta no ha realizado ningún esfuerzo económico, y es el Estado nacional el que se ha hecho cargo de todo, incluyendo los abandonados hospitales públicos citadinos y la ayuda a los sectores más pobres de esta ciudad, donde hay gente durmiendo en las calles.

También es el gobierno nacional el que atiende a todo el entorno conurbano, con sus planes sociales de emergencia destinados a los millones de pobres, más de 40 por ciento de la población que dejó el gobierno anterior, aumentado ahora por la pérdida de empleos formales e informales durante la pandemia, pero también apuntalando a las pequeñas y medianas empresas y a restaurantes y otros negocios, que dispuso el Ministerio de Desarrollo Social actual.

Las entidades que agrupan a médicos y sindicatos de enfermeros y a otros trabajadores de la sanidad, han estado llamando a la población a cumplir los protocolos. Pedidos desesperados que tienen como respuesta la irresponsabilidad social, cuando los contagios superan los 2 millones 993 mil casos y las muertes suman más de 64 mil en el país.

De lo que tratan las maniobras de la ultraderecha local es de oponerse a cada una de las medidas e incluso llamando a no vacunarse a sus militantes y a desacreditar toda medida, y los grandes esfuerzos realizados por el gobierno nacional, que ya ha logrado aplicar gran cantidad de vacunas de varios países, es de sembrar confusión, mientras se descubren gravísimos delitos cometidos por el gobierno de Macri, y en estos días saldrá a luz una investigación que compromete más aún al ex presidente y a sus funcionarios en temas que pueden ser considerados “traición a la patria”.