Chilapa De Álvarez, Gro., Más de 2 mil personas han sido desplazadas por la violencia en años recientes en los municipios de Chilapa de Álvarez y Zitlala, en la región de la Montaña baja de Guerrero, informó la abogada Teodomira Rosales, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

Una de las comunidades nahuas de Chilapa que más ha padecido la inseguridad es Tepila del Paraíso, de donde unas 30 familias huyeron el 27 de enero de 2019, recordó Jesús Plácido, líder del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata.

A la entrada del poblado se encuentra un vehículo abandonado con los cristales rotos y huellas de balazos. “Aquí era cuartel Los Ardillos, que cerraron el paso a las comunidades de Zacapexco y a Rincón de Chiautla”, explica Jesús.

Ese día los criminales intentaron entrar a Zacapexco y a Rincón de Chiautla. “Tomaron control de la entrada de Tula hasta Metitlán, que pertenece a José Joaquín de Herrera, e incluso del crucero que va de la carretera de Chilapa al poblado de Tepozonalco, pero no de Zacapexco ni de Rincón de Chiautla”, porque ahí “se defienden”.

En esa ocasión se reportó que perecieron 10 presuntos sicarios, dos en Rincón de Chiautla y ocho en Tepila del Paraíso, donde se enfrentaron con integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores.

Jesús Plácido señaló que ningún habitante regresó a Tepila del Paraíso. “Nunca volvieron a trabajar sus tierras, no sabemos dónde están. Unos se fueron de migrantes a Sinaloa y otros con sus familias, pero ya no volvieron”.

Enumeró las muertes de 2019 a la fecha: “En la comunidad de Zacapexco mataron a cuatro compañeras; en Ayahualtempa, a dos; en Alcozacán, a cuatro. En total, incluidos los hombres, han asesinado a 34 personas”.

Se han presentado denuncias ante autoridades de los tres niveles de gobierno y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero no han hecho nada, “y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quedó en que vendría a Alcozacán, pero no lo ha hecho y tampoco nos ha dado seguridad, no hay respuesta. Solamente llega la Guardia Nacional cuando hay una denuncia o un enfrentamiento”.

A diferencia de Tepila, en la comunidad de Tula, pese a que han sido atacados unas 10 veces por el grupo delincuencial, que tiene tres casas en el pueblo, sus habitantes prefieren quedarse.

El comisario Guillermo Hilario Morales explicó:“Aquí ya no vivimos a gusto por causa de Los Ardillos. No podemos ir de compras a Chilapa; nomás nos están espiando (señala unas casas donde presuntamente se encuentran los delincuentes), y si vamos allá nos detienen. Aquí ni maestros hay, queremos que los niños tengan estudios. Las mamás les enseñan lo poquito que saben. Queremos que el gobernador (Héctor Astudillo Flores) mande profesores”.

Teodomira Rosales destacó que no hay un número exacto de desplazados porque los pobladores indígenas temen denunciar. “Hemos contabilizado los desplazados en las comunidades indígenas de Tepozcuacuatla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima, municipio de Chilapa, donde más de 800 personas se desplazaron de 2018 a 2020”.

También han resultado afectados los poblados nahuas de Tlaltempanapa y Quetzalcuatlán de Las Palmas. “Sólo de este último se fueron 150 de 2018 a 2019. De Tlaltempanapa, unas 25 personas se refugiafron en el municipio de Chichihualco, vecino de Chilpancingo”.