Bogotá. Miles de personas salieron ayer a las calles de las principales ciudades de Colombia para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, en la cuarta jornada de protestas contra una reforma fiscal, que dejaron al menos cuatro muertos y cientos de heridos.

El miércoles, sindicatos y organizaciones sociales iniciaron manifestaciones en el país para exigir al gobierno del presidente Iván Duque el retiro de un proyecto de reforma tributaria que presentó al Congreso para incrementar los impuestos.

Los disturbios y actos más graves de vandalismo ocurrieron en Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada del país, donde tres personas murieron y encapuchados atacaron sucursales bancarias y oficinas gubernamentales, saquearon establecimientos comerciales e incendiaron estaciones de transporte público y autobuses.

En Bogotá, Medellín, Neiva, Popayán y Pasto también se han registrado actos de vandalismo y enfrentamientos entre manifestantes y la policía. La Defensoría del Pueblo reportó que 179 civiles y 216 policías han resultado heridos en todo el país durante las protestas en las que se han destruidos bienes públicos y privados.

Pese al llamado para que retire el proyecto del Congreso y al rechazo de los partidos políticos, el gobierno insiste que la reforma es necesaria e inaplazable para estabilizar las finanzas públicas, mantener los programas de asistencia social y conservar el grado de inversión del país por parte de las agencias calificadoras de riesgo.

La fiscalía colombiana anunció ayer que investigará los 10 homicidios ocurridos en cuatro días de movilizaciones. De momento ninguna entidad ha entregado un balance oficial de civiles muertos y heridos durante las protestas masivas, a pesar de la multiplicación de denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos por la fuerza pública.

En tanto, el viernes, la cúpula de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reconoció ante el tribunal de justicia transicional su culpabilidad por el secuestro de más de 21 mil 300 colombianos durante cinco décadas de conflicto interno en el país latinoamericano.

Es la primera vez que la antigua guerrilla –hoy convertida en partido político con representación en el Congreso– acepta su responsabilidad en el plano judicial después de firmar el proceso de paz con el gobierno colombiano en 2016.