La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) fue turnada al Ejecutivo para su promulgación, luego de que el pleno del Senado la aprobó con los cambios formulados por la Cámara de Diputados. La controvertida ley concluyó así su proceso legal, aunque diversos senadores de Morena votaron a favor “bajo protesta”, por considerar que no incluye la demanda de víctimas de desaparición forzada de que esa fiscalía participe directamente en la investigación de esos ilícitos.
Con 109 votos a favor, siete en contra y una abstención, el Senado aprobó, en lo general y en lo particular, los cambios que realizó la Cámara de Diputados al proyecto para expedir la nueva Ley de la FGR.
Entre las modificaciones que se hicieron en San Lázaro a la minuta, se establece la facultad de la Fiscalía para atraer casos del fuero común, en los supuestos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes aplicables. Asimismo, para precisar en la ley que la víctima podrá solicitar a la FGR que se ejerza dicha facultad.
También se incluyó la facultad de atracción cuando se trate de asuntos de trascendencia social. Esta atribución, que deberá ejercerse obligatoriamente cuando exista una declaración de violaciones graves a los derechos humanos, es la que garantiza, en toda indagación y proceso penal, los derechos de las víctimas.
La Cámara de Diputados modificó la minuta para precisar que las víctimas y sus asesores podrán formular propuestas de líneas de investigación para que sean tomadas en consideración, dar acceso a los registros y proporcionar copia gratuita de éstos en forma física o magnética, garantizar su derecho a presentar peritajes independientes, así como brindarles la protección y asistencia a que tienen derecho, entre otras.
Morenista la critica
Malú Micher, senadora de Morena, resaltó que en los cambios no se tomaron en cuenta las voces de los colectivos de búsqueda de personas que exigieron que las normas contenidas en este paquete legislativo fuesen mucho más garantistas y protectoras de los derechos de las víctimas, y que no sólo fuesen instrumentos administrativos de organización interna de la fiscalía.
Acusó que se colocó la necesidad de que la fiscalía se involucrara de lleno en el Sistema Nacional de Búsqueda, en el mecanismo de personas defensoras y periodistas, así como en el mecanismo de apoyo al exterior; sin embargo, dicha participación quedó acotada a una expresión que se repite múltiples veces a lo largo del dictamen y que reza que la participación de la fiscalía se hará “con pleno respeto a la autonomía constitucional que le confiere a la institución el artículo 102, apartado A, de la Constitución”.
