Mientras el escuadrón marítimo 421 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se dispone a zarpar el próximo 3 de mayo en el barco La Montaña rumbo al puerto de Vigo, España, para encontrarse con la Europa de los de abajo, en el municipio de Chilón, norte de Chiapas, el gobierno de la Cuarta Transformación pretende imponer uno de los tantos cuarteles en construcción en el país, pese al rechazo, en este caso, de las comunidades tzeltales, del propio gobierno comunitario, del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio y de habitantes de San Sebastián Bachajón, acorde con la fundada denuncia del colega Aldo Santiago (https://cutt.ly/ibhmAuU).
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas evidenció la consolidación de las actividades del Ejército en la vida pública, citando el reciente informe de Amnistía Internacional, en que se señala que el gobierno de AMLO “desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores.” (Informe 2020/21, Amnistía Internacional, p. 305) En ese informe se hace mención del decreto emitido, en plena pandemia, a partir del cual se permitió el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024, advirtiendo con claridad: “El decreto carecía de normatividad sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales. El Presidente también anunció que el control de los puertos y puntos de aduana pasarían a las fuerzas armadas” ( Ibíd., p. 305).
Destaca Amnistía Internacional la continuación de las amenazas y los hostigamientos contra personas que defienden derechos humanos en México, ubicando en 24 el número de personas asesinadas defensoras durante el actual gobierno. Asimismo, esta organización expone: “Los defensores de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas manifestaron su preocupación por el megaproyecto conocido como Tren Maya. El Presidente reaccionó acusándolos públicamente de ser ‘falsos ambientalistas’. Seis relatores especiales de la ONU enviaron una carta al gobierno expresando una serie de motivos de preocupación sobre el proyecto del Tren Maya, algunos de ellos relacionados con el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a la salud, y también con las posibles consecuencias medioambientales del proyecto” ( Ibíd., p. 307).
Por su parte, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Guillermo Fernández-Maldonado, declaró que, ante la decisión del gobierno de AMLO de conferirles a las fuerzas armadas el control de proyectos de infraestructura y otras áreas administrativas (como la construcción de aeropuertos, vías férreas, incluso, sucursales bancarias, viveros, etcétera), “el gobierno debe aplicar criterios para trasparentar la utilización de recursos”, tema tabú en lo que concierne a las fuerzas armadas, como lo comprobé, como diputado federal, en los esfuerzos fallidos para trasparentar el ejercicio de su presupuesto.
En Morelos, la termoeléctrica en Huexca, que el Presidente, como candidato en campaña, comparó con un “basurero tóxico en Jerusalén”, sigue su curso destructivo para su puesta en marcha, saqueando el agua de las comunidades campesinas, envenenado el aire con sustancias dañinas que salen de sus chimeneas, matando los peces de corrientes de agua cercanas con sus residuos tóxicos y haciendo la vida imposible para quienes viven en la comunidad, por el ruido infernal cuando entra en operación; un plantón durante meses, frente a la entrada principal de la termo, hizo evidente el rechazo de los pobladores a esta violencia contra los pueblos, mientras el crimen de Samir Flores Soberanes sigue impune y la entidad continúa entre los primeros lugares en delitos graves, ocupando significativamente el segundo lugar en feminicidios.
En el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec la acumulación militarizada prosigue, con la concentración del mayor número de efectivos de las fuerzas armadas en todo el país y con la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional en Juchitán y Zanatepec, Oaxaca, no sin resistencia de los pueblos, más activa en la porción oaxaqueña, con organizaciones como la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, mientras en Veracruz se ubica en el llamado Proceso de Articulación de la Sierra Santa Martha, integrante del Congreso Nacional Indígena. Hace menos de un mes, AMLO anunció que la Armada de México sería encargada de “blindar” el Corredor Interoceánico.
La delegación del EZLN, CNI-CIG y Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en su travesía a Europa, va representando al México de las emancipaciones y rebeldías, de abajo y a la izquierda.
Al general José Francisco Gallardo
