Con cambios de última hora, el Senado avaló la reforma que reduce 15 años el periodo de concesiones otorgadas a empresas privadas para el servicio ferroviario y la turnó a la Cámara de Diputados.

El dictamen que se aprobó redujo de 50 a 30 años el periodo de concesiones que se otorguen a partir de la entrada en vigor de la ley, pero ya en el pleno Morena aceptó que las concedidas con anterioridad se podrán prorrogar hasta por otros 35 años, y no 50, como se establece hoy en la ley vigente.

Igualmente, a través de una adenda presentada de última hora, se redujeron las sanciones que se proponían para quienes violen la ley, ya que la oposición las consideró desmesuradas e inconstitucionales, de 3 mil millones a sólo 20 millones 75 mil pesos.

Se estableció, además, que los concesionarios y permisionarios registrarán cada dos años las tarifas máximas para la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

También se dispone que los concesionarios y permisionarios estarán impedidos a negar el servicio de carga a cualquier usuario que se los solicite, y le otorga a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario mayores herramientas en materia de vigilancia y competencia.

En cuanto a las infracciones, se determinó multar de 112 mil a 224 mil veces la unidad de medida y actualización (UMA) a quienes presten el servicio público sin la concesión respectiva. Se destaca que el esquema actual generó barreras de entrada y falta de competencia, pues sólo unas cuantas empresas tienen un poder de mercado suficiente para hacer valer su peso frente a los competidores.

Las reformas a la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario se aprobaron en lo general con 90 votos a favor y 25 abstenciones.