José Francisco Gallardo Rodríguez peleó, cuando pelear por causas sociales profundas era proporcionalmente reprimido, por la instauración de una defensoría de los derechos de los miembros de las fuerzas armadas en México y de los civiles afectados por acciones castrenses.

Poner un freno a los abusos de los mandos militares, mediante la creación de la figura del ombudsman, fue su tesis de maestría en administración pública en la UNAM, con el doctor Omar Guerrero como director del trabajo titulado La necesidad de un ombudsman militar en Mexico (aquí puede leerse completa, publicada en 2006: https://bit.ly/3u9tCha); también en la UNAM alcanzó el doctorado en la misma especialidad.

Un extracto de esa tesis fue publicado en la revista Forum, que dirigía Eduardo Ibarra Aguirre, lo cual generó en noviembre de 1993 (por terminar la administración de Carlos Salinas; con el general Antonio Riviello Bazán como secretario de la Defensa Nacional) una dura reacción contra el general Gallardo: cárcel y un proceso fabricado con un exceso de cargos y acusaciones a finales del salinismo y luego sostenido con mano dura por el general Enrique Cervantes Aguirre, con Ernesto Zedillo como presidente de la República. El montaje, que incluía los presuntos delitos de difamación, injurias, ilícitos contra el honor militar, malversación de fondos y destrucción de lo perteneciente al Ejército, entre otros cargos, devino en una sentencia de 28 años en prisión.

El caso generó reacciones de protesta en México y el extranjero, además de un intenso litigio que en febrero de 2002 llevó al gobierno mexicano a cumplir las resoluciones exculpatorias de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y liberar a Gallardo, a quien Amnistía Internacional había definido como preso de conciencia.

La voz del general Gallardo se sumó, ya en libertad, a la defensa de los derechos humanos y de causas sociales en específico. Fue candidato de Morena a gobernador de Colima. Hasta el final de su vida mantuvo una congruente postura crítica del actuar abusivo de las fuerzas armadas, contrario a la política del presidente López Obrador en materia militar y en particular contra la creación de la evidentemente militarizada Guardia Nacional. No guardó comentarios críticos respecto al episodio de la repatriación del general Salvador Cienfuegos.

Falleció víctima del Covid-19, a los 74 años, y con él desaparece una voz sin par, que desde la estructura militar fue capaz de denunciar los agravios que se cometen contra los propios miembros de las fuerzas armadas y contra la población civil.

En otro tema: no es una de las prácticas legislativas de mayor rectitud, pero sí una de las que son utilizadas sin mayor sonrojo en las batallas partidistas en las cámaras: el traspaso, provisional o definitivo, de miembros de una bancada a otra, aliada, en problemas para mantener las prestaciones y privilegios del caso.

Así sucedió ayer con la panista hidalguense Xóchitl Gálvez, quien pasó temporalmente a la escuálida línea de asientos de lo que queda del PRD en el Senado de la República, para tratar de evitar que Morena quedara en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con una ventaja numérica que le permitiera convocar libremente a sesiones extraordinarias o tomar otro tipo de decisiones especiales.

Dado que al fantasmal PRD nomás le quedan cuatro senadores, coordinados por Miguel Ángel Mancera, que llegó al escaño postulado por Acción Nacional, Gálvez se sumó para completar el mínimo de cinco miembros necesarios para mantenerse como grupo parlamentario con derechos y canonjías (y tener un asiento en la Permanente).

En contrapartida, Morena anunció que cedería dos de sus integrantes al evangélico Partido Encuentro Solidario (PES) para que éste se integre también a la Comisión Permanente y se neutralice la estrategia panista-perredista. ¡Hasta el próximo lunes!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero