Bogotá. Líderes de la disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aceptaron este viernes su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con el secuestro de más de 21 mil personas que les imputó el tribunal surgido del acuerdo de paz.

"Reconocemos expresamente la responsabilidad por los hechos y conductas descritas por la Sala en el auto" de imputación emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 28 de enero, indicaron en una carta siete antiguos jefes rebeldes que firmaron el histórico pacto de paz en 2016.

"Dichos hechos y conductas consistieron en ordenar las capturas y privación de la libertad, de forma prolongada, de civiles y de miembros de las fuerzas militares", añadieron.

En una rueda de prensa virtual los ex guerrilleros aseguraron haber entregado a la JEP un documento con la aceptación formal de los delitos que se les imputan.

"Igualmente hacemos el reconocimiento explícito de las condiciones precarias y difíciles que debieron enfrentar las personas que fueron secuestradas por las FARC (…), del sufrimiento infligido de manera injustificable a las víctimas y sus familias", declaró el ahora senador Julián Gallo, conocido también como Carlos Lozada.

Ocho altos mandos de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente fueron imputados por crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1990 y 2016, cuando secuestraron a 21.396 personas.

Entre esos mandos están Rodrigo Londoño, jefe del partido de izquierda Comunes, surgido del acuerdo, y los congresistas Pablo Catatumbo y Lozada, que ocupan dos de los diez asientos en el parlamento otorgados al partido. Uno de los involucrados falleció en enero.

Se trata de la primera imputación de la JEP desde su creación en 2017. El tribunal juzgará los peores crímenes cometidos en más de seis décadas de conflicto armado.

Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de personas con fines económicos y políticos. En julio de 2018, los líderes rebeldes empezaron a responder de forma individual ante la JEP por ese delito, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos.

En distintas ocasiones pidieron perdón a las víctimas.

Desde que la guerrilla depuso las armas en 2017 y aceptó someterse a la JEP, los líderes comparecen ante el tribunal para confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de poder ejercer la política como partido.

Quienes cumplan con esos compromisos recibirán penas alternativas a la prisión, de lo contrario se exponen a sanciones de hasta 20 años de cárcel. La JEP todavía no se ha pronunciado al respecto.