Buenos Aires. El procurador interino Alberto Casal, nombrado por el ex presidente Mauricio Macri, presentó ayer un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia que establece que es inconstitucional el decreto mediante el cual el presidente Alberto Fernández suspendió el pasado día 19 y hasta este viernes las clases presenciales, lo que no aceptó el intendente de esta capital, el macrista Horacio Rodríguez Larreta, incurriendo en el delito de desobediencia civil amparado por jueces también designados por el pasado gobierno de la derechista alianza Cambiemos.
Casal fundamenta que no está “demostrado epidemiológicamente que la presencialidad en las escuelas afecte la salud”. Así se va cerrando el círculo. Rodríguez Larreta no sólo desobedeció el decreto, sino que incumplió el fallo de un juez federal que ordenó la suspensión de las clases y el acatamiento del decreto, porque los magistrados que acompañaron al intendente capitalino pertenecían a la justicia porteña sin incidencia alguna sobre una ley federal.
El jefe de gobierno de Buenos Aires recurrió a la Corte Suprema, que pasó el tema a la Procuraduría, a sabiendas de que Casal , quien fue impuesto por Macri (2015-2019), iba a votar como lo hace la todavía existente “mesa judicial” con que contó el macrismo en su administración para inventar causas, perseguir a sus opositores políticos, recurriendo al espionaje, a la mentira, la desinformación y la extorsión.
Estas acciones sorprendieron en momentos en que el país atraviesa por una crisis sanitaria ante la segunda ola del Covid-19, cuyas nuevas cepas circulan especialmente en esta capital, disparando las cifras de contagiados a 560 muertos este día, miles de infectados, mientras el sistema de salud está colapsado.
La actitud de Rodríguez Larreta coincide con las denuncias de uno de los investigadores más informados del país, Roberto Navarro, director de la revista digital El Destape sobre una serie de reuniones de la dirigencia de la ultraderechista Propuesta Republicana (PRO), el partido de Macri, y cuya presidenta actual es la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes serían la cabeza de una serie de maniobras golpistas, en las que intentan romper todo tipo de diálogo con el gobierno.
En principio buscan llevar a la desobediencia civil del gobierno capitalino, con la intención de que Fernández aplique medidas duras o imponga toque de queda, a la vez que oponiéndose a la política sanitaria del gobierno, desacreditando las vacunas y llamando a la rebelión contra las necesarias restricciones, tratarían de llegar hasta la cifra de cien mil muertos, sobre los poco más de 60 mil que hay hasta ahora, para abrirle un juicio político al presidente y destituirlo.
Cuentan con el apoyo de los grandes medios de comunicación cuya campaña de los últimos días, ha sido calificada de “criminal” y hasta de “terrorista” por gremios de periodistas y algunos sindicatos al inducir a no vacunarse, a poner en duda cada medida y llamando abiertamente a desobedecer toda restricción. Esto provocó que en los barrios ricos, en general no lleven cubrebocas, y hagan fiestas clandestinas continuamente.
