Familiares de personas desaparecidas y víctimas de desplazamiento forzado instalaron ayer un plantón por tiempo indefinido frente a la sede del Poder Judicial de la Federación (PJF) para denunciar que varios juzgados han rechazado “con pretextos” las solicitudes de amparo que han presentado en contra de la extinción del fideicomiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Omar Bello, periodista guerrerense desplazado por la violencia desde 2017, explicó que tras la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (Faari), concretada en octubre del año pasado, acudió ante los juzgados para interponer una demanda de amparo en contra de dicha resolución, pero los responsables de los trámites le negaron la solicitud por considerar que no había explicado bien cuál era su inconformidad.
“Mi demanda fue rechazada con el argumento de que había un razonamiento que no entendían dentro del amparo, pero el acto reclamado es contra el decreto presidencial (de extinción de los fideicomisos). Me lo regresaron para que lo aclarara y lo hice, pero ahora me dicen que ya se vencieron los términos y mi amparo fue desechado, por no cumplir en tiempo y forma, aunque sí vine y tengo el acuse de recibo”, lamentó
Por su parte, María Isela Valdez, madre de Roberto Quiroa, desaparecido desde el 10 de marzo de 2014, detalló que ha acudido cuatro veces ante las oficinas del PJF, sin que le acepten el amparo que desea interponer en contra de la extinción del Faari, supuestamente porque ha habido problemas con el reconocimiento de su firma.
