Ciudad de México. Entre enero de 2010 y junio de 2019, las autoridades de México emitieron 264 mil 204 alertas migratorias contra ciudadanos de diversas nacionalidades, incluidos mexicanos, con lo que se les impidió el ingreso al país y se atentó a sus derechos humanos.

Así lo apunta el informe Fronteras invisibles de México, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que se presentó este jueves en conferencia remota.

Se trata de una sanción administrativa solicitada por instituciones nacionales o internacionales en algunos casos bajo el argumento de riesgo a la seguridad nacional, sin embargo, alerta el reporte, no se apega a la legalidad debido a que no está considerada dentro de la ley de migración.

“En los últimos años las alertas migratorias han sido objeto de creciente atención debido al incremento en el número de casos que las involucran. Esta figura administrativa revela la existencia de un procedimiento migratorio en virtud del cual las personas, mexicanas o extranjeras, pueden ver restringido su ingreso, permanencia o salida del país, en violación a diversos derechos humanos”.

El reporte revela que a partir de los atentados terroristas en Estados Unidos, en 2001, las autoridades de ese país llevaron a las mexicanas a firmar distintos acuerdos mediante los cuales “se adoptó un enfoque de seguridad nacional muy similar” al estadunidense, estableciendo medidas más severas como las alertas migratorias.

Los datos del informe –obtenidos mediante solicitudes de información al Instituto Nacional de Migración (INM)— refieren que son diez las nacionalidades más señaladas con estas alertas: mexicanos (19.1 por ciento), estadunidenses (7.6), colombianos (4.4), hondureños (3.4), guatemaltecos (3.4), rumanos (3.3), rusos (2.5), cubanos (2.4), trinitarios (2.2) y turcos (1.9 por ciento).

Graciela Rodríguez, directora ejecutiva de la CMDPDH, enfatizó que existe evidencia que estas medidas atentan contra las garantías de las personas, pues pueden ser expedidas aún cuando no haya causas graves o que pongan en riesgo la seguridad nacional.

En caso de ser aplicadas, dijo, se impide a los afectados saber las causas por las que no se les permitió el ingreso al país; no se les informa qué señalamientos pesan en su contra; se les retiene (sobre todo en aeropuertos) por horas e incluso días en oficinas pequeñas, con pocas colchonetas y con luz permanente; y se les devuelve a sus naciones sin que se les dé una explicación.

La comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteó que estas alertas apuntan a la militarización de la migración, debido a su discrecionalidad, falta de transparencia y datos confiables.

Agregó que al no estar avalada en la ley, esta figura puede ejercerse bajo controles abusivos de los ciudadanos, mexicanos y extranjeros señalados, quienes ven vulneradas sus garantías fundamentales.