Con 421 votos en favor, cero en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó ayer modificaciones a la Ley de Aviación Civil, con el fin de armonizarla a los estándares internacionales propuestos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo perteneciente a la ONU.
Lo anterior, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos auditó el sistema aeronáutico nacional y detectó diferencias entre la legislación local y las normas y métodos recomendados por la OACI, subraya el dictamen que ahora pasará al Senado para su análisis y eventual aprobación.
Se menciona también el compromiso de México, como parte signante del Convenio de Chicago, de lograr el más alto nivel de uniformidad posible que facilite y mejore la navegación aérea.
Al presentar la propuesta del Ejecutivo, que fue avalada por todos los grupos parlamentarios, el panista Carlos Elhier Cinta señaló que México se encuentra entre los países que tienen la norma e infraestructura adecuadas, pero si no atiende las observaciones de la auditoría, su posición podría degradarse a la de nación que no cumple con ellas, lo que afectaría la creación de nuevas rutas aéreas a Estados Unidos, con el que se tiene 65 por ciento del transporte aéreo.
El dictamen plantea la creación de una comisión investigadora y dictaminadora de accidentes, integrada por expertos en materia aeronáutica que se encargará de identificar la causa probable de percances, elaborar y presentar los informes preliminar y final a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hacer recomendaciones de carácter preventivo a todo concesionario, permisionario, operador aéreo y al personal técnico.
Asimismo, se prohíbe a los propietarios extranjeros de aeronaves no mexicanas destinadas a uso particular, realizar prácticas de cabotaje, esto es, transporte de personas o bienes mediante remuneración.
“Únicamente el permisionario mexicano que preste servicio de transporte aéreo internacional bajo la modalidad de taxi aéreo o de fletamento puede transportar entre dos o más puntos en territorio nacional a pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos que hayan embarcado en un punto en el extranjero”, destaca el proyecto.
