Es el clásico déjà vu (y los políticos son especialistas en estos menesteres), porque en los últimos 12 años los mexicanos han visto pasar el balón cuando menos en cinco ocasiones, si se incluye la de ayer, en un interminable peloteo que desde 2009 (tal vez exista un registro anterior) va de la Cámara de Diputados a la de Senadores, y viceversa, sin que hasta el momento existan anotaciones a favor del equipo ciudadano, pero sí infinidad de zancadillas de los propios legisladores y de la mafia cupular de los organismos “autónomos”.
Resulta que ayer el Senado aprobó la “nueva” Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, algo que, dicho sea de paso, fue sancionado en agosto de 2009, octubre de 2011, noviembre de 2018, abril de 2019 y, lo más reciente –que no quiere decir lo último– el 28 de abril de 2021.
La Jornada (Andrea Becerril y Víctor Ballinas) lo reseñó así: “después de que estuvo ocho años congelada y debió pasar de una Cámara a otra en medio de recursos legales ante el Poder Judicial, presentados por quienes no aceptaban que se disminuyeran sus salarios millonarios, el Senado aprobó la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la turnó al Ejecutivo federal para su publicación. La minuta, aprobada con 90 votos a favor y 28 en contra por el pleno del Senado, establece que ningún servidor público podrá tener un ingreso mayor al que percibe el Presidente de la República, con reglas claras, parámetros y criterios, como lo pidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
En tribuna, un senador de Morena “recordó que la ley aprobada por primera vez en el Senado, en junio de 2011 (existe un registro previo en 2009), pasó ocho años en la Cámara de Diputados, donde se aprobó en septiembre de 2018, poco antes de que el Presidente (AMLO) rindiera protesta, pero de inmediato se interpusieron diversas acciones de inconstitucionalidad, entre ellas de los titulares de los órganos autónomos. Es vergonzoso que titulares de los órganos autónomos acudieran a la Suprema Corte a defender sus ingresos” ( ídem).
Pues bien, en agosto de 2009 el gobierno calderonista publicó en el Diario Oficial de la Federación ( DOF) el decreto que “impone” topes salariales a los servidores públicos, por lo que a partir de entonces –según dicho decreto– “ninguno podrá percibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República. Las reformas y adiciones a los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 constitucionales para tal fin entran en vigor este martes” (25 del octavo mes de ese año). Y el citado decreto dejaba en claro que “los ministros de la SCJN, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (ahora INE) y los magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales en funciones mantendrán su retribución nominal actual durante el tiempo que dure su encargo si no excede el tope máximo definido”.
¿Qué sucedió? Con todo tipo de artimañas, el ingreso de los “servidores públicos” (disfrazados de compensaciones, gratificaciones, “estímulos”, “ayudas” y demás) no dejó de aumentar. Tal vez por ello, en octubre de 2011 la bancada panista en San Lázaro presentó el “proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación”, con el fin de “establecer un límite claro y transparente” a sus ingresos”, subrayando que “la reforma aplica a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los órganos autónomos de los tres órdenes de gobierno, de forma tal que exista congruencia entre las remuneraciones”. Es decir, aprobarían lo aprobado dos años antes.
Pero como la memoria no es un activo de la clase política, el 5 de octubre de 2018 de nueva cuenta se publicó en el DOF un decreto “por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”, que incluye a todos “los poderes de la Unión y a los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional”. Otro se publicó en abril de 2019 y ayer el balón número 5, en espera de que ruede el 6.
Las rebanadas del pastel
¿Y quiénes son los reyes de los amparos para que no les recorten sus voluminosos salarios? Los mismos que hoy gritan a los cuatro vientos: “hay que respetar las leyes”.
