La extrema desigualdad en América Latina y el Caribe es un obstáculo para un sistema democrático capaz de garantizar derechos a toda la población. La riqueza acumulada en unas cuantas familias les permite influir para aprovechar las políticas públicas, obstaculizando la responsabilidad de los Estados para garantizar derechos a toda la población. La política tributaria es una muestra de cómo se limita la capacidad del Estado para enfrentar la desigualdad, e incluso puede aumentar la pobreza. Este es el señalamiento con el que se abre el importante estudio difundido por Latindadd, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, titulado Impuestos a la Riqueza ¡ya!
El planteamiento se sustenta en una realidad: la concentración del ingreso y la riqueza en nuestra región es impresionante. Sin embargo, las encuestas ingreso-gasto que realizan los países de América Latina no dimensionan adecuadamente la desigualdad. La más reciente Encuesta Nacional sobre Ingreso-Gasto de los Hogares, la ENIGH, realizada por el Inegi a mediados de 2018, subestima significativamente los ingresos de los más ricos en el país y, también, sobreestima los ingresos de los más pobres. De acuerdo con la ENIGH 2018, el decil X, en el que se ubicaría 10 por ciento de los hogares más ricos, se apropió de 33.6 por ciento del ingreso corriente total que estimó la encuesta. La mitad más pobre, la suma de los deciles I al V, ganó apenas 21.2 por ciento del ingreso total. Estos datos son, sin duda, dramáticos, pero es necesario señalar que no son realistas.
Estas estimaciones resultan muy contrastantes respecto de las que se pueden consultar en la World Inequality Database (WID) (wid.world/country/mexico). En esta fuente, se señala que en 2018 la participación del 10 por ciento más rico en el ingreso nacional llegó a 58.6 por ciento. Por su parte, los hogares del 50 por ciento más pobre del país sólo lograron retener 8.5 por ciento del ingreso nacional. Se llegó a estas estimaciones a partir de estudios basados en tabulaciones de impuestos y en información proveniente de microdatos.
La diferencia en las estimaciones es enorme: mientras que la ENIGH indica que el 10 por ciento más rico de la población se apropia de la tercera parte del ingreso nacional, la WID señala que ese 10 por ciento más rico retiene casi 60 de cada 100 pesos del ingreso nacional. En el otro extremo, para la ENIGH el 50 por ciento pobre se apropia de un poco más de la quinta parte del ingreso nacional, en tanto que para la WID no se apropia ni siquiera de 10 por ciento. La ENIGH no ofrece directamente información para percentiles, de modo que no se conocen los ingresos del uno por ciento más rico, pero la WID da cuenta de que el percentil 100, es decir, los 347 mil 447 hogares más ricos se apropiaron de 28.7 por ciento del ingreso nacional.
A este pequeño grupo de la población es a quienes debe aplicarse un gravamen extraordinario. La nota de Dora Villanueva en La Jornada indica que, de acuerdo con el estudio de Latindadd, si se aplicara una tasa de impuestos adicionales temporales de entre 2 y 3.5 por ciento anual a 0.1 por ciento de la población (los superricos), se obtendrían recursos suficientes para aumentar el equivalente a un salario mínimo adicional a un millón 800 mil mexicanos. Esta propuesta de Latindadd puede equipararse a la presentada por el FMI de gravar temporalmente el patrimonio de empresarios beneficiados por la pandemia para ayudar a financiar los recursos presupuestales necesarios para amortiguar los efectos negativos de la pandemia sobre el ingreso de los más pobres.
Las condiciones que ha abierto la pandemia, que explica la decisión del gobierno de Biden de aumentar los gravámenes a los ricos, plantean una oportunidad excepcional para proponerle a todas las fuerzas políticas del país, a las cámaras patronales, a empresarios importantes, a gobernadores y presidentes municipales, iniciar la discusión sobre una reforma fiscal profunda en el país con un acuerdo nacional que, en tanto se alcanzan los pactos respectivos, de inmediato se acuerde y aplique un impuesto especial a los mexicanos de más altos ingresos, el uno por ciento de la población. Como indica la WID, ese uno por ciento se apropia de más de la cuarta parte del ingreso nacional. Los ingresos que produciría ese impuesto especial generarían ingresos adicionales que servirían para instrumentar acciones inmediatas para enfrentar los estragos que ha causado la pandemia.
Por supuesto, una decisión de este tipo no resuelve las dificultades estructurales de las haciendas públicas, tanto federal como estatales y municipales. La Convención Hacendaria tendrá que plantearse una nueva fiscalidad que permita que las empresas trasnacionales paguen impuestos en nuestro país en tasas equivalentes a las que pagan en los países en los que se ubican sus matrices, pero resolviendo este impuesto a los más ricos habríamos logrado un avance de enorme importancia.
