Las modificaciones aprobadas por el Senado a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario violentan diversos principios constitucionales con efectos expropiatorios y transgreden diversos tratados internacionales de los que México es parte, rebatió la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).

“Lamentamos que a la industria ferroviaria mexicana no se le haya dado oportunidad de presentar información objetiva y de argumentar de manera suficiente sobre estas modificaciones”, reprochó la organización, pero reiteró su disposición a hablar con legisladores.

Pese a que los cambios aprobados en el Senado no afectan el plazo de los permisos actuales, algunos de 50 años, la AMF consideró que el modificar el término para la renovación de las concesiones ferroviarias —que pasó de 50 a 35 años— la regulación “vulnera derechos adquiridos” y tiene “efectos expropiatorios”.

“Esto daña la certeza jurídica, afecta severamente las inversiones realizadas en el sector e inhibe nuevas, con un fuerte impacto negativo para la modernización de la industria y con ello, para la economía de México”, consideró.

La AMF también reprochó el control de precios, dado que se deberá hacer cada dos años y previa opinión de conveniencia que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) emitirá “de manera discrecional”, acusaron las empresas ferrocarrileras.

Esta situación no sólo transgrede el Estado de Derecho, también implica que la ARTF invada facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica y pasa por alto que “actualmente las tarifas del transporte ferroviario mexicano se ubican entre las más competitivas a nivel mundial”, reprochó la industria.

Sobre las sanciones que pueden ir del 5 al 10 por ciento, la AMF acusó que son “excesivas, discrecionales y desproporcionadas respecto de la conducta sancionada y el bien jurídico afectado”; y acusó que se sobrerregula al sector ferroviario frente a otro tipo de transporte.