Representantes de organizaciones defensoras del medio ambiente y académicos realizaron un plantón fuera del Senado para demandar que se apruebe la minuta que prohíbe la realización de proyectos mineros en áreas naturales protegidas (ANP), ya que en la actualidad más de 2 millones de hectáreas están concesionadas a esa actividad, que ocasiona severos daños a ecosistemas al arrasar con su biodiversidad.
Apoyados con 35 mil firmas ciudadanas, plantearon su demanda, pero la respuesta que obtuvieron es que es un tema que ya no podrá salir en este periodo de sesiones y quedará pendiente para septiembre.
De hecho, no fueron recibidos por ningún senador, ya que la sesión de ayer fue digital, por lo que dejaron un escrito signado por Carto Crítica, Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Observatorio Académico, Fundar, Reforestemos, Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, Wildlands, entre otros, en el cual insisten en la urgencia de que el Senado apruebe la minuta que le remitió la Cámara de Diputados.
Se trata de la reforma al artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la que se establece la prohibición de explorar y explotar hidrocarburos y otros minerales en las ANP y con ello avanzar en la protección de los territorios.
Advierten que “la superficie concesionada a la minería en ANP de carácter federal, estatal y municipal es de 2.39 millones de hectáreas, una superficie que equivale a la del estado de México, donde, según datos del Servicio Geológico Mexicano, operan 73 proyectos mineros, algunos de ellos situados en áreas reconocidas de patrimonio mundial y sitios emblemáticos, como el primer Parque Nacional Los Mármoles, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, arrasando con su biodiversidad, contaminando los recursos naturales y poniendo en riesgo su función ecosistémica”.
Además, “de acuerdo con datos del Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta 2015 las actividades mineras habían generado 11 sitios altamente contaminados al interior de siete ANP ubicadas en Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Sonora”.
Entre ellas se encuentran El Vizcaíno, la Sierra Gorda de Guanajuato y la Sierra de Huautla, con daños por infiltración de lixiviados, disposición ilegal de materiales y residuos peligrosos, y descarga de aguas contaminadas.
