La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en los casos de las candidaturas a gobernadores de Guerrero y Michoacán, da a Morena una singular oportunidad de revisar sus procedimientos de postulación de aspirantes a cargos de elección popular, sus protocolos de rendición de cuentas y su forma y fondo de conducción partidista cupular.

La derrota de Morena frente a un poder electoral que ha cerrado filas al menos en cuanto a las dos candidaturas impugnadas (y al tema mayor de la sobrerrepresentación en San Lázaro, lo cual se analizará en líneas venideras) no habrá de significar de manera maquinal una derrota electoral. En ambas entidades hay una base social organizada que encontrará fórmulas para sobreponerse (ayer mismo se impulsaba en redes a Evelyn Salgado, hija de Félix, para asumir la candidatura en Guerrero).

Pero todo lo que ha sucedido hasta ahora en los casos de Salgado y Morón, como parte de un amplio abanico de candidaturas impugnadas por diversas causas, constituye una temprana derrota para el ebrardista Mario Delgado y se requiere una oportuna autocrítica en el partido hoy mayoritario, para evitar que estas distorsiones afecten lo sustancial, lo trascendente de un proyecto que aspira a encarnar la esperanza nacional en un cambio positivo.

Respecto a la sobrerrepresentación en San Lázaro, ha de decirse que el poder electoral también cerró filas: el Instituto Nacional Electoral propuso y el tribunal electoral convalidó un ajuste de la realidad solapada durante todo el sexenio peñista; es decir, las maniobras a cuenta de las diputaciones de representación proporcional, llamadas plurinominales, para generar una cuantía artificial de diputados federales proclives a la administración en turno, que ahora se ha ordenado cancelar para que el obradorismo no tenga ese beneficio tolerado, que le permitió en la actual legislatura federal contar con una bancada morenista más robusta (casi el doble del 8 por ciento autorizado legalmente) que lo aprobado estrictamente en urnas.

No se está en presencia solamente de una discutible y súbita preocupación por la letra legal lo que mueve al poder electoral (INE y TEPJF), sino el objetivo político de cerrar el paso a Morena y a Palacio Nacional en cuanto a la aprobación de iniciativas y reformas en el Poder Legislativo.

A propósito, ayer, en una entrevista para un portal de información y análisis políticos, el doctor Enrique Dussel, secretario de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena, dijo estar de acuerdo en que las encuestas utilizadas en este partido constituyen el “disfraz del dedazo” y representan un incumplimiento de la exigencia ética de respetar los estatutos del partido. “Nunca conocí ninguna encuesta”, afirmó, y comentó que la base de Morena “tiene todo el derecho de decir ‘no fuimos consultados’”. Agregó que la recurrencia a las encuestas “quedó como doctrina unánime aceptada por una minoría que ha venido manejando al partido”.

El reconocido académico y filósofo señaló que siempre ha insistido en que un partido político no es meramente una maquinaria electoral, sino una escuela de política; “si queremos una nueva política, necesitamos nuevos políticos”. Preguntó: “¿De dónde los sacamos? Si los sacamos de la costumbre, repetimos lo mismo, inevitablemente”, aun cuando la intención sea hacer algo distinto y ello ocurre, dijo, porque se desatiende la formación política.

Por ello, Dussel dijo esperar que en agosto, una vez concluida la etapa electoral, comience la reorganización interna de Morena, conforme al estatuto. Asimismo, buscará que se den cursos de formación política y ellos se establezcan como requisito para quienes aspiren a una candidatura (nota de Francisco Félix https://bit.ly/3nrAh3S ; video: https://bit.ly/3vmykZe ).

Y, mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero de Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra menores de edad, ¡hasta mañana!

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