Caracas. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó ayer el “infame” reporte de la organización Human Right Watch (HRW), que denuncia “abusos aberrantes” de las fuerzas de seguridad del país contra la población durante los operativos en la frontera, donde persisten combates con grupos irregulares colombianos.
Arreaza tuiteó que las acusaciones tienen lugar “ante la imposibilidad de derrocar al gobierno bolivariano” y denunció que ahora “los agresores coordinan sus acciones mediáticas”, al asegurar que “artículos del New York Times y otros medios, así como el infame reporte de HRW buscan nuevamente aumentar la presión intervencionista”.
La situación en la frontera entre Venezuela y Colombia ha empeorado desde marzo con combates y escaramuzas casi diarias que han dejado cerca de una veintena de muertos y miles de desplazados.
De acuerdo con HRW, el operativo de las fuerzas de seguridad venezolanas del pasado 21 de marzo en el estado de Apure, fronterizo con el departamento colombiano de Arauca, derivó en “la ejecución” de al menos cuatro campesinos, así como en detenciones arbitrarias, torturas y procedimientos judiciales contra civiles en tribunales militares por su su
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó ayer que continúan los operativos en la zona, después de los “cruentos combates” del fin de semana que dejaron un “importante número de bajas” entre los “narcos colombianos”.
“Desde Apure continuamos ejecutando operaciones para expulsar a grupos irregulares, narcotraficantes y terroristas colombianos a los que hemos dado fuertes golpes”, tuiteó Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB.
Añadió que en enfrentamientos de las últimas 72 horas murieron militares venezolanos y miembros de los grupos armados, sin dar cifras.
Venezuela ha denunciado que los grupos irregulares colombianos han colocado minas antipersona en la zona fronteriza, luego de que dos vehículos militares y un auto de trabajadores de electricidad fueron víctimas de estos explosivos y pidió el apoyo de Naciones Unidas para desactivarlas.
