Ciudad de México. En 2020 el 6.6 por ciento de la población de América Latina migró de su país de origen, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo que consideró que la migración no debe ser obligada, sino voluntaria.

Durante el cierre de la Reunión de revisión regional de implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL dijo que se estima que de los 654 millones de habitantes que hay en la región la población migrante representó 6.6 por ciento, es decir, 43 millones en 2020, de las cuales 51 por ciento son mujeres.

“Por eso la implementación del Pacto Mundial para la Migración es tan importante para nuestra región y si conlleva a grandes desafíos los que han sido muy bien reconocidos en esta reunión”, apuntó.

Tras recordar que los flujos migratorios en América Latina y el Caribe han tenido una presencia constante en su historia y dejado una huella histórica, cultural, social y económica, Bárcena recordó que “la migración internacional contemporánea concita muchas inquietudes y trasunta muchas oportunidades y retos.”

“La Cepal considera que la migración es una oportunidad para familias, comunidades y países siempre y cuando pueda resultar de una opción voluntaria e informada”, dijo.

Destacó que durante la reunión los especialistas dejaron ver que se aspira a la facilitación de la migración, que si bien está está emparentada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no está suficientemente reconocida en la agenda 2030.

“La migración segura es cuando las personas migrantes son sujetos de derechos todo el ciclo migratorio. La migración ordenada acontece sólo si ejerce de manera informada y libre, no forzada ni expelida por factores coercitivos”, señaló.

“La migración es regular cuando lo anterior las personas migrantes logran acceder a canales de facilitación que minimicen adversidades, en especial para los grupos más vulnerables”, agregó.

Entre las conclusiones de las mesas de trabajo, los relatores señalaron que es necesario reconocer que en el contexto actual el riesgo de la trata aumentó exponencialmente debido al incremento de vulnerabilidad de grupos especiales, el aumento de la pobreza y el desempleo.

Recomendaron reconocer la necesidad de brindar protección a quienes están en alto riesgo de violencia, abuso y explotación.

Comentaron que es necesario que se reconozca a los migrantes como personas para que sean respetadas en consecuencia.

Apuntaron que las personas víctimas de delitos, migrantes vulnerables, niños, niñas, mujeres, que requieren de atención humanitaria y reconocimiento de sus derechos humanos, así como la reparación del daño sufrido.

Para ello se debe procurar una coordinación entre los sistemas públicos y las organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional. Subrayaron que es necesario reconocer la promoción de los derechos de los migrantes durante todo su proceso migratorio.