Londres. Una demanda colectiva en Reino Unido de miles de millones de libras contra Google, que alega que el gigante de internet rastreó en secreto a millones de usuarios de iPhones, no es viable y no debe permitirse su tramitación, según declaró este miércoles la empresa ante la Corte Suprema.

Antony White, abogado de Google, dijo en el primer día de una audiencia que la primera demanda de protección de datos, al estilo de Estados Unidos, sólo podría buscar compensación bajo las leyes inglesas si cualquier violación de datos hubiera llevado a los demandantes a sufrir daños.

"No es que la pérdida de datos personales no tenga consecuencias graves, pero no siempre puede hacerlo de forma que atraiga una indemnización", señaló, y añadió que cualquier indemnización uniforme tampoco tendría en cuenta el diferente uso del teléfono.

Richard Lloyd, antiguo director del grupo de derechos de los consumidores Which?, lidera la demanda que pretende ampliar el incipiente régimen de acciones colectivas británico y casos de protección de datos por miles de millones de libras contra gigantes tecnológicos como Facebook, TikTok y YouTube.

Lloyd ha calculado previamente que los daños podrían ascender a 750 libras por usuario del iPhone, lo que podría elevar los daños a más de 3 mil millones de libras (4 mil 200 millones de dólares) si cualquier juicio futuro tiene éxito.

El caso, presentado en nombre de más de cuatro millones de usuarios del iPhone de Apple, gira en torno a la cuestión de si Google incumplió sus obligaciones como responsable del tratamiento de datos al recopilar clandestinamente datos generados por el navegador y ofrecerlos después a los anunciantes en 2011 y 2012 y si una acción colectiva de este tipo puede proceder en Reino Unido.

Los expertos afirman que el caso es "enormemente significativo" y advierten a las empresas que recopilan y utilizan datos personales para obtener beneficios comerciales que consideren si están actuando de forma justa y transparente.

"Si la sentencia es favorable a los demandantes, veremos cómo se abren las puertas a un tsunami de demandas colectivas de datos representativos en el Reino Unido", dijo Julian Copeman, socio de Herbert Smith Freehills.

Los críticos de las demandas colectivas "de exclusión voluntaria", que vinculan automáticamente a un grupo definido en un juicio a menos que los individuos opten por no hacerlo, dicen que pueden dar lugar a reclamaciones sin fundamento y a beneficios exuberantes para los litigantes y sus financiadores.

Sus defensores afirman que facilitan el acceso a la justicia, sobre todo cuando las reclamaciones individuales son demasiado pequeñas para llevarlas a cabo individualmente, y que las demandas alternativas "de participación voluntaria", en las que cada demandante se inscribe, son costosas y requieren mucho tiempo.

La Confederación de la Industria Británica, un organismo comercial, dice que estos casos podrían ser "altamente perjudiciales", señalando que el riesgo de indemnizaciones por daños y perjuicios podría impulsar acuerdos independientemente de los méritos de un caso.