Ciudad de México. El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), firmaron un Convenio de Colaboración con el objetivo de intercambiar información y documentación que sirva de apoyo para la prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, incluyendo hechos de corrupción contra servidores públicos y particulares, así como por personas políticamente expuestas.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, señaló que este convenio permitirá combatir actos de corrupción al interior del INE ya que la declaración patrimonial de los funcionarios del Instituto, así como los movimientos financieros de los funcionarios, serán fundamental para saber si hay movimientos inusuales en sus finanzas.

Nieto Castillo señaló que la ética de la responsabilidad es fundamental para tener verdaderos controles para combatir actos de corrupción desde el actuar personal.

Por su parte Jesús George Zamora, titular del OIC del INE señaló que este Convenio es un mecanismo de contrapeso institucional para evitar cualquier disparidad con el cumplimiento de los principios constitucionales.

Agregó que no puede haber espacios de la vida constitucional mexicana fuera de los mecanismos de control, de ahí la relevancia del Convenio, ya que revela la importancia de combatir la corrupción en todos los espacios institucionales.

Jesús George Zamora dijo que el convenio significa concretar el objetivo del Sistema Nacional de Anticorrupción, que es coordinar los esfuerzos de todas las instituciones para combatir este mal.

Cabe señalar que ya son cuatro Convenios los que firman ambas Instituciones, en 2019 se firmó un Convenio General y hace unas semanas se firmaron dos Anexos Técnicos, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación para prevenir actos u operaciones que pudieran involucrar recursos de procedencia ilícita y el uso indebido de recursos públicos en el Proceso Electoral y mejorar la fiscalización y la detección de riesgos a partir de modelos axiológicos mediante algoritmos matemáticos.