En la renovación del poder político local en buena parte del país, las elecciones del próximo 6 de julio involucran a casi la totalidad de los estados sometidos al flagelo de la violencia y la delincuencia organizada. A excepción de Guanajuato y Tamaulipas, el resto de los estados con altos índices de inseguridad cambiarán sus poderes, y finalizarán administraciones marcadas por el fracaso en materia de seguridad de la que son corresponsables de garantizar junto con el gobierno federal.

La lista de los primeros siete lugares en las tasas más elevadas de homicidios por cada 100 mil habitantes incluye a seis de las gubernaturas en disputa: Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y Sonora que encabezaron ese renglón en 2020. En los primeros tres estados se triplica la media nacional.

Así, en Chihuahua, la administración de Javier Corral concluye con más de 11 mil muertos; Colima tiene la tasa más alta de asesinatos por cada 100 mil habitantes, como producto de las disputas entre organizaciones criminales por el trasiego de precursores de drogas químicas que arriban al puerto de Manzanillo; en Michoacán, no ha tenido tregua la violencia en la confrontación del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los grupos locales emergentes derivados de los Templarios y la Familia Michoacana.

Y esas son apenas pinceladas del escenario cotidiano de las nueve entidades que elegirán gobernadores en medio de una cuota cotidiana de violencia y muerte.

Para el especialista en seguridad nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Oliva, las elecciones estatales suelen ser momento para la recomposición en la relación de la delincuencia organizada con los poderes locales y, hasta donde lo consiga, preservar la “captura de las instituciones del Estado” a nivel estatal y, especialmente, municipal.

El saldo de las estrategias locales de seguridad –subraya– hay que medirlo en función de las facultades y limitadas capacidades operativas que tienen los gobiernos, actualmente más reducidas por el recorte de una tercera parte de las partidas federales destinadas a fortalecer la seguridad pública.

Oliva advierte que la cifra de muertes de políticos, que en los albores de la campaña suman 75, augura que 2021 pudiera ser más violento que 2018, cuando fueron ejecutados más de 200, incluidas personas cercanas a los protagonistas. La variable criminal es un factor más a considerar en este proceso porque es la forma en que los grupos del crimen buscan incidir en la elección de gobernantes.

El yugo de los cárteles

Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas, son nueve de las 15 entidades que elegirán gobernador y que tienen el común denominador de vivir bajo el yugo del crimen organizado.

La llegada al gobierno de Zacatecas, en 2016, del priísta Alejandro Tello se registró en medio de una escalada de asesinatos en la entidad que en ese año sumaron 580, la cifra más elevada hasta entonces, provocada por la disputa del territorio entre los cárteles de Sinaloa, el Golfo y la expansión del Jalisco Nueva Generación. Era el preámbulo de un incremento sostenido de asesinatos que duplicaron los de 2016 al sumar mil 188 en 2020.

Sonora ha tenido un comportamiento similar con la también priísta Claudia Pavlovich, quien llegó en septiembre de 2015. Para 2016, la entidad registró 580 homicidios, cifra que se triplicó en 2020, cuando sumaron mil 584, el más cruento en esa entidad. Entre las razones de ello están la disputa entre los cárteles de Sinaloa y de Caborca.

Caracterizada por una violencia endémica, en Chihuahua la llegada de Javier Corral al gobierno significó el fin de cinco años de reducción sostenida de la violencia, que pasó de 6 mil 421 en 2010, el año más convulsionado por el recrudecimiento de los enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada, hasta mil 541, en 2015. En 2020 sumaron 2 mil 686 asesinatos. La disputa entre el CJNG y los reductos de los Templarios y la Familia Michoacana, afirma Oliva, es el origen de la violencia que sacude ahora a la entidad.

A seis años del gobierno del perredista Silvano Aureoles, los homicidios en Michoacán pasaron de mil 429 en 2016, a 2 mil 433 en 2020. A la fecha, tienen una abierta confrontación con cárteles en Aguililla.