El glifosato de nuevo como tema económico, político y judicial. Se trata de un compuesto que saltó a la palestra en América Latina cuando se comenzó a aplicar hace medio siglo en Colombia para combatir los cultivos ilícitos. Hace seis años, las fumigaciones aéreas con ese herbicida de Monsanto se suspendieron, pues podrían afectar la salud de las comunidades agrarias y al ambiente. Mas como una obsesión, Iván Duque, actual mandatario y heredero ideológico del ex presidente Álvaro Uribe, se apresta a reanudarlas. Se cierran así otras vías menos costosas en términos ambientales y de salud pública. Destacadamente, los programas de sustitución y/o eliminación manual.
Estas opciones fracasaron por no tener el apoyo requerido, lo que se tradujo en un aumento de la superficie que ocupan los cultivos ilícitos, en especial de coca. En buena parte se debe a la protección que dan a quienes los siembran, disidentes de la FARC, la guerrilla que firmó la paz con el gobierno en septiembre de 2016. Igualmente, ex paramilitares que impusieron su ley bajo el mandato de Álvaro Uribe a los que se suman otros grupos criminales. Lo único que traerá la nueva estrategia de fumigación son daños a la población y a la naturaleza. Los cultivos ilícitos existirán mientras no se termine la desfavorable situación económica y social en que viven miles de familias campesinas.
En México en cambio, el 31 de diciembre pasado entró en vigor la nueva política sobre el glifosato y las fórmulas que lo contengan como ingrediente activo. Deberán sustituirse gradualmente por alternativas que no afecten la salud humana y el ambiente. Se espera que a más tardar el 31 de diciembre de 2024, la sustitución de las fórmulas que contengan glifosato sea total en el país.
La medida no ha sido del agrado de la trasnacional fabricante, de los grupos vinculados con los agricultores privados y de quienes promueven el uso de los agroquímicos en el campo. Por ejemplo, alegan que sin el glifosato vendrá una baja considerable en el rendimiento de cultivos que integran la canasta básica de alimentos en perjuicio de la economía campesina y de los consumidores. Por su parte, Bayer, propietaria de Monsanto, obtuvo de un juez amparo provisional contra la prohibición del herbicida.
No faltan quienes sostienen que el glifosato no daña a la población expuesta y al entorno. Todo se reduce, en su argumento criminal, a que debe aplicarse con cuidado y en las dosis requeridas. Precisamente, lo que no se hace en ningún país. Los casos extremos: Argentina y Brasil, donde se usa en las plantaciones de soya, dejando su huella mortal y enfermedades como el cáncer, en la población expuesta. Cabe agregar que el glifosato está prohibido parcial o totalmente en Francia, Australia, Inglaterra, Malasia, Alemania, Malta, Eslovenia, Suiza, Austria, Malawi, Vietnam y Sri Lanka.
La industria de agroquímicos y sus aliados económicos y políticos buscan con esa suspensión invalidar la lucha que por décadas encabezan destacados especialistas y organizaciones defensoras de la salud y el ambiente, y que buscan un nuevo modelo de producción, basado en la agroecología, tema olvidado en los programas oficiales ligados al sector agropecuario y forestal.
Por si existiera duda de que los agroquímicos, entre ellos el glifosato, dañan, bien harían los que desde el Poder Judicial protegen los intereses trasnacionales, consultar lo que opinan los expertos sobre la materia. Precisamente en el más reciente número de La Jornada Ecológica (https://ecologica.jornada.com.mx/), varios de ellos y dos organismos dependientes de las Naciones Unidas –el de la salud (OMS) y el de la agricultura y la alimentación (FAO)– describen el peligro de los agroquímicos. Además, la resolución nada favorable sobre dichas sustancias emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También los integrantes del Poder Judicial no deben olvidar que en nuestra Carta Magna claramente se garantiza el derecho a la salud y a disfrutar un ambiente sano.
Amenazar que con la prohibición del glifosato habrá desabasto de alimentos básicos es, como anota la reconocida toxicóloga Lilia Albert, espantar con el petate del muerto.