La semana pasada el Congreso de la Unión culminó dos reformas históricas que tendrán un enorme impacto en el bienestar de la población mexicana. Gracias a la hegemonía democrática que ejerce Morena y los partidos aliados a la Cuarta Transformación en el Poder Legislativo, se pudo lograr tanto una reforma de gran calado al Poder Judicial como la eliminación del outsourcing laboral en los sectores público y privado.

Poderosos intereses se opusieron a ambas reformas. Las redes de complicidad y corrupción enquistadas en el Poder Judicial movieron cielo, mar y tierra con el fin de matizar o eliminar las disposiciones de las nuevas Ley Orgánica y Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Estas reformas implican un golpe fuerte en contra del nepotismo y la corrupción y a favor del profesionalismo y la autonomía de este poder.

Muchos de los empresarios más poderosos del país se opusieron con vehemencia a las nuevas disposiciones laborales. Las modificaciones legales implican un firme paso adelante a favor de los derechos de todos los trabajadores mexicanos a contar con permanencia en el empleo, seguridad social, reparto de utilidades y otras prestaciones constitucionales.

Si la Cuarta Transformación no tuviera una presencia tan abrumadora en el Congreso de la Unión, ambas reformas hubieran nacido muertas. Los chantajes de los partidos del viejo régimen hubieran obstaculizado los avances legislativos y obligado a los legisladores a matizar o a diluir los cambios normativos hasta el punto en que fueran inaplicable o inútiles.

Es precisamente esta hegemonía democrática (véase: https://bit.ly/3aE4JCA) la que tanto irrita a consejeros electorales como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama que han buscado poner el Instituto Nacional Electoral al servicio de la oposición. Y es justo esta mayoría transformadora la que tanto asusta a los partidos agrupados bajo la alianza de “México Sí”, dirigida por Claudio X. González, que promueven el “voto útil” en contra de los candidatos cercanos a Morena en todo el país.

El avance democrático de México no depende de un aumento en la fuerza legislativa de una oposición caduca y reaccionaria, sino de la consolidación de la presencia del bloque transformador en el Congreso de la Unión. La “pluralidad” a secas no es siempre democrática. Puede incluso ser profundamente autoritaria cuando se basa en la sobrerrepresentación de pequeños grupos de interés sin arraigo popular o ciudadano cuyo único objetivo es detener un proceso de cambio histórico.

El escándalo mediático con respecto al artículo transitorio que alargaría el periodo en que el Ministro Arturo Zaldívar fungiría como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es más que una distracción de los asuntos de fondo.

El Poder Judicial ha sido profundamente trastocado por las últimas décadas de autoritarismo neoliberal. La corrupción, el nepotismo y la falta de profesionalismo se han infiltrado como la humedad por todos los rincones de esta rama tan importante del Estado Mexicano. Tal como lo ha señalado el mismo Zaldívar, el contundente resultado de las elecciones de 2018 constituyó un mandato popular no solamente para los poderes ejecutivo y legislativo, sino también para el judicial (véase: https://bit.ly/3309Skt).

Las nuevas reformas permitirán la conducción de una profunda limpieza y relanzamiento del Poder Judicial a partir de una nueva ética de profesionalismo e independencia frente a los otros poderes públicos, los poderes fácticos y las redes clientelares internas. También fortalecerá de manera importante al Instituto Federal de Defensoría Pública para garantizar una plena acceso a la justicia para los ciudadanos más humildes que no tienen recursos suficientes para contratar a un abogado defensor.

Es también importante aclarar que el transitorio de la reforma no alarga de ninguna manera el nombramiento de Zaldívar como Ministro de la Suprema Corte, sino solamente sus responsabilidades como Presidente de la misma. Esta prórroga se justifica con el fin de darle tiempo al visionario Ministro Presidente Zaldívar a implementar y a aterrizar todas las reformas requeridas. Sin embargo, será la misma Corte quien decidirá finalmente con respecto a la constitucionalidad de esta decisión legislativa.

Por otra parte, los cambios en la legislación laboral también implican un viraje histórico en la materia. Durante la larga noche neoliberal se generalizaron de manera indiscriminada las prácticas de fraude a la ley en las cuales las grandes empresas triangulan sus recursos por medio de otras empresas contratistas con el fin de evitar establecer contratos directos con su personal. Así evitan pagar sus cuotas al IMSS o asumir otras responsabilidades frente a sus empleados. La práctica de simulación de salarios, en la cual el empleador solamente reporta una pequeña parte del pago a sus trabajadores a las instituciones de seguridad social, también se ha generalizado en el sector privado.

Las reformas a la Ley Federal de Trabajo facultan a las autoridades a hacer valer plenamente los derechos laborales para todos los trabajadores y todas las trabajadoras del país. También empoderan a los mismos empleados a denunciar cualquier atropello y defender sus derechos constitucionales en los tribunales. En total, se calcula que se podrían recuperar hasta 500 mil millones de pesos al año para el IMSS, el ISSSTE e INFONAVIT, recursos que serán utilizados para cubrir las necesidades de los mismos trabajadores, lo cual implicará una economía más dinámica y una sociedad más sana y productiva.

Enhorabuena por los avances legislativos de la Cuarta Transformación. El domingo, 6 de junio los ciudadanos tendrán la opción de decidir si quieren que el Congreso de la Unión siga por el mismo camino o retorne a las prácticas neoliberales del pasado.

www.johnackerman.mx