Los precios están subiendo, en términos anualizados (marzo 2021 contra marzo 2020) la tasa de inflación fue 4.67 por ciento, luego de que en diciembre fuera 3.15 por ciento. La medición está afectada por una cuestión estadística asociada con la desaceleración económica del año pasado, o sea que el valor de referencia estuvo por debajo de lo normal por efecto de la pandemia.
Pero, en efecto, los precios crecen y se estima que en abril la inflación se aproxime a 6 por ciento. El índice que mide la inflación expresa un valor que corresponde al conjunto de los bienes y servicios que se consideran; sin embargo, otro dato relevante es la variación relativa de esos precios y otros que quedan fuera. Esa tiene efectos en función del nivel de ingresos de la población. Esto tiene que ver con el hecho observado de que el valor de la canasta básica alimentaria esté creciendo, así como del deterioro correlativo de la línea de pobreza por ingresos (canasta alimentaria y no alimentaria).
La estadística se puede usar a favor o en contra de muchos argumentos, como ocurre en este caso con el crecimiento de los precios y el nivel de bienestar. Lo cierto es que la producción y el empleo cayeron significativamente el año pasado; que la recuperación prevista para este año será desigual en cuanto al dinamismo de los diversos sectores económicos; que el nivel del producto previo a la pandemia tardará muchos meses más en recuperarse.
Seguirá habiendo grandes bolsones de desempleo, subempleo e informalidad que serán difíciles de absorber con la política económica que se aplica hoy en el país.
Este asunto es el meollo de problema económico; la necesidad urgente es crear empleo e ingresos suficientes, lo que, obviamente lleva tiempo conseguirlo si se asocia con la actividad productiva y el aumento la productividad que repercutan en una mayor masa salarial y mejor nivel de ingresos para los trabajadores. Esto requiere de una mayor inversión.
Los empleos que se han ido recuperando con la mayor apertura de la economía absorben trabajadores, aunque no necesariamente con los mismos niveles de ingreso previos a la pandemia o el número de horas trabajadas. La población económicamente activa se ha reducido y los niveles generales de bienestar están disminuidos.
Como se suele decir en los informes técnicos con respecto a la evolución de la tasa de crecimiento de los precios, esta economía tiene mucha holgura, es decir, llanamente, que no se usan productiva, suficiente ni eficientemente, los recursos disponibles, principalmente el trabajo, la planta productiva y también el capital que debería dedicarse a producir bienes y servicios.
La evolución de los precios es ciertamente un tema relevante pero la holgura extrema lo es aún más. Esta condición es hoy muy costosa para la gente y para el gobierno también, puesto que reduce los ingresos por la vía de impuestos y otros conceptos.
Las fuerzas de arrastre económico están contenidas y además son insuficientes. Un factor clave son las exportaciones, otro, de distinta naturaleza es el impulso al mercado interno. En la medida en que este último se estimule y la manera en que se haga, dada la desigualdad productiva y social que prevalece, entonces el efecto sobre los precios y los ingresos será distinto y podrá ser más beneficioso para la gente que trabaja.
Las remesas, claro está, tienen un lugar decisivo, más que nunca; sobre lo que hay que prevenirse para cuando dejen de crecer, pues soportan el gasto de consumo de las muchas familias que las reciben. Además, representan ahora la mayor entrada de divisas, mismas que apoyan el valor del peso frente al dólar. Lo que no debe perderse de vista es que sigue faltando el fomento de una robusta estructura interna para la recuperación del gasto privado que se deriva indefectiblemente, del empleo, bien remunerado y de carácter formal.
La política fiscal, en cuanto al gasto público, sobre todo en el ramo de inversión no ha variado desde finales de 2018 y no constituye un estímulo, que es necesario para la economía, al contrario. El gasto privado en consumo se recupera a ritmo lento, el destinado a la inversión es escaso. Sin un alza del gasto en la inversión pública que sea suficiente, oportuno y, sobre todo, bien asignado, gestionado y auditado, la economía estará limitada para recuperar la tracción que exige un crecimiento dinámico y sostenido.
Esto se advierte en la condición de las familias lastimadas por la pandemia, el desempleo, la falta de atención sanitaria y la reducción del ingreso disponible. Una muestra de esto último es la cantidad de recursos que se han retirado de las cuentas de ahorro para el retiro. Como informó este periódico el 12 de febrero de este año, debido a la pandemia de Covid-19 los retiros parciales por desempleo en 2020 llegaron a 20 mil millones de pesos, cifra equivalente a 66 por ciento más que los 12 mil millones de 2019.
Así es cada vez más difícil recomponer el dinamismo de la economía y salvaguardar la seguridad personal y económica de las familias. No se advierte una coherencia en la estrategia del gobierno para cumplir con el objetivo declarado de elevar el nivel de bienestar de la población más rezagada; pone en riesgo, también, la situación de la población de ingresos medios, asunto que no debe perderse de vista de ninguna manera.
