En México hay reportes de al menos 2 mil migrantes desaparecidos, por ello, el Estado “está obligado a contar con un sistema sólido de protección y a ese sector y robustecerlo”.

Así lo plantearon la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos públicos estatales en esas garantías de las 32 entidades del país en un pronunciamiento conjunto en el que alertaron sobre la crisis migratoria en la región.

Advirtieron que el despliegue de 8 mil elementos de las fuerzas armadas en las fronteras sur y norte de México “los han expone a un aumento de las violaciones a sus derechos por parte de esta autoridad, así como a transitar por nuevas rutas que son más peligrosas por la presencia de la delincuencia organizada y la ausencia de ayuda humanitaria que pueda asistirles en el camino”.

Estas 33 instituciones, que conforman la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), urgieron a construir compromisos regionales, desde la mirada local, para atender y proteger a los migrantes y refugiados.

“La gravedad de las violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante es contundente. No obstante, no se han logrado consolidar los ejes normativos, programáticos y estratégicos que permitan atender esta emergencia humanitaria desde una visión integral, con un enfoque diferencial y de derechos humanos”, lamentaron.

Remarcaron que desde hace dos décadas se han agudizado las denuncias de agresiones contra la población en movilidad irregular, además que la emergencia sanitaria por el Covid-19 representa un escenario adverso para su integración en las naciones de acogida.

Durante 2020 en México, 41 mil 329 personas solicitaron asilo, se reportaron 87 mil 260 eventos de detención migratoria y 184 mil 423 de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos.

Ante ello, la FMOPDH exhortó a las autoridades mexicanas a priorizar la estrategia de atención y protección a las personas en movilidad humana que, en la actualidad, requieren asistencia humanitaria coordinada y eficaz.

En materia de refugio, dijeron los 33 organismos que conforman la Federación, algunos de los retos son el fortalecimiento del reconocimiento de la condición de refugiado y el mejoramiento del proceso administrativo para conseguirlo, así como el diseño e implementación de una agenda pública para la inclusión social de estas personas en el país y la garantía de la progresividad y no regresión del presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que para 2021 disminuyó 14.34 por ciento respecto a 2020.

Otros pendientes en la materia, agregaron, son la implementación de albergues especializados en todas las entidades para recibir a los migrantes, el desarrollo urgente de programas de asistencia humanitaria que promuevan la inclusión social y atención integral de las personas, y el apoyo a los ya existentes para que éstos no desaparezcan.

También se necesita implementar albergues especializados para recibir a las personas en situación de movilidad y tomar las medidas necesarias en todos los estados para garantizar la existencia de Centros de Asistencia Social para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados o no acompañados, esto derivado de la obligación que tienen las Procuradurías de Protección y los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia estatales de proporcionar estos espacios en función de velar por su interés superior.

“Lo anterior se vuelve aún más apremiante en el contexto generado por la emergencia sanitaria por el Covid-19”.