Los sistemas estatales de pensiones arrastran un déficit de 2.2 billones de pesos, equivalentes a 10 por ciento del producto interno bruto nacional. Sólo el estado de México registra un boquete financiero de 534 mil 443 millones de pesos –una cantidad superior en 76 por ciento a su presupuesto anual–, mientras Jalisco se queda corto por 260 mil 580.3 millones y Veracruz por 150 mil 965.1 millones. Pese a las reformas emprendidas en años recientes, de los 34 esquemas pensionarios existentes, 21 ya no tienen fondos para operar, tres más quedarán en la misma condición este año y únicamente en siete se garantiza alguna solvencia más allá de 2025.
Para entender cómo se ha llegado a una situación tan crítica, el primer factor a tomar en cuenta es el hecho de que estos sistemas fueron diseñados para una sociedad con una esperanza de vida muy inferior a la actual: con jubilaciones que se inician a los 48 años para las mujeres y a los 50 para los hombres frente a una esperanza de vida de 78 y 72 años, respectivamente. Hoy, los funcionarios públicos y maestros pensionados pasarán tanto o más tiempo en el retiro del que duró su vida laboral. La consecuencia obvia de esta contingencia es que los asalariados no generarán los recursos necesarios para financiar el fondo común de retiro.
Otro elemento de explicación se encuentra en la forma poco escrupulosa en que algunos empleados públicos sacan ventajas de la vigorosa seguridad social creada para los empleados del Estado.
Así, el cálculo de la jubilación a partir del último salario devengado y no del ingreso promedio percibido por el trabajador a lo largo de su vida laboral, se ha traducido en prácticas de simulación en las que las personas cercanas al momento de retiro acceden a una doble plaza o a un puesto superior y, de esta manera, obtienen una pensión que no refleja las aportaciones que hicieron al esquema solidario.
Un factor que no puede pasarse por alto es el de los colosales emolumentos que reciben los altos funcionarios, quienes siguen siendo un lastre para la sociedad mexicana incluso tras dejar sus cargos. Esta desigualdad queda ilustrada de forma brutal en la entidad que padece el mayor déficit, el estado de México: ahí, la pensión promedio que se paga a los burócratas es de 14 mil 261 pesos al mes, pero hay jubilados que reciben hasta 554 mil pesos mensuales. La diferencia entre el promedio y el máximo exhibe que algunos jubilados apenas sobreviven con su pensión, mientras un grupo de privilegiados acapara los recursos públicos.
Por último, y estrechamente asociadas con las inmorales percepciones de quienes han ocupado los escalones más altos del servicio público, sin duda la corrupción y el manejo negligente de los gobernantes dan cuenta de buena parte de los quebrantos a los sistemas estatales de pensiones.
Para encarar la insolvencia de sus institutos de seguridad social, los gobiernos estatales echan mano del gasto corriente –con la consecuente parálisis de sus funciones elementales–, entran en peligrosas espirales de endeudamiento que amenazan a las finanzas públicas en su conjunto, o combinan los dos tipos de medidas.
Está claro que ambas vías resultan indeseables e insostenibles en el largo plazo, por lo que las autoridades locales y federales están obligadas a trabajar juntas para dar con una fórmula que garantice, simultáneamente, la viabilidad financiera de los esquemas pensionarios y los derechos de los trabajadores activos o en retiro.
