Ciudad de México. México tiene espacio para recaudar 12 mil 714 millones de dólares al año al ajustar los impuestos al predial y la riqueza. Sólo con gravar el patrimonio neto de 0.1 por ciento de la población más acaudalada en el país se obtendrían 4 mil 912 millones de dólares al año –apenas por debajo de lo que recaudarían Chile y Brasil por este concepto–, de acuerdo con estimados de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd).

A partir de los datos de la organización regional se muestra que al gravar con una tasa de entre 2 y 3.5 por ciento las grandes fortunas de 0.1 por ciento de la población –764 personas, de una población de 126.01 millones, según el último Censo– con más riqueza, el monto sería suficiente para extender un ingreso de salario mínimo anual hasta para un millón 800 mil personas, casi uno de cada cinco de quienes viven en pobreza extrema en el país, según los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La necesidad de gravar la riqueza se abre paso ante los estragos que evidenció la pandemia de Covid-19. Organismos internacionales que eran guía del modelo de desarrollo hasta ahora predominante, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), se han pronunciado por impuestos “temporales” al patrimonio para financiar las políticas de emergencia; organizaciones sociales en México, como Fundar, sostienen que lo ideal sería que fueran tasas permanentes para reducir la desigualdad.

Si bien las disparidades económicas se replican en el mundo, tienen su mayor expresión en América Latina. De acuerdo con los más recientes estimados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con series de la World Inequality Database, uno por ciento de la población en la región concentra una cuarta parte de los ingresos, en México alcanzan hasta 27.77 por ciento. El banco de inversión Credit Suisse calcula que uno por ciento más rico en la región concentra el 41 por ciento de la riqueza y el 10 por ciento más rico 72 por ciento.

Bajo ese contexto, Latindadd estima que en América Latina hay potencial de recaudación de 0.98 por ciento del producto interno bruto (PIB), tan sólo con la revisión de los impuestos a la propiedad inmobiliaria y a las grandes fortunas. Recalca que ambos cálculos están subestimados dada la falta de transparencia sobre el patrimonio de los mil millonarios en la región.

Sistema fiscal regresivo

Cálculos de Credit Suisse apuntan a que en México hay 266 mil adultos con una riqueza por arriba del millón de dólares y 515 con más de 50 millones de dólares. Aparte, la firma de bienes Knight Frank estima que el grupo de personas con un patrimonio “ultraalto” y alto alcanza a 244 mil 439 personas en un país de 126 millones de habitantes. Si bien en 2020 el número de patrimonios millonarios se redujo, dada la depreciación en el tipo de cambio, se proyecta que crezcan hasta en un tercio durante los próximos cinco años.

Hay varios aspectos del sistema fiscal mexicano que son regresivos, explicaron en entrevista Emmanuel Ramírez Casillas e Iván Benumea; respectivamente, investigador y coordinador del programa de Justicia Fiscal de Fundar. El que la riqueza se concentre en tan pocas manos y no haya impuestos al patrimonio neto es prueba de ello, pero también la forma en que está gravado el consumo, los rezagos que hay en la recaudación de personas físicas, los boquetes en el gravamen a rentas y que las ganancias de capital paguen menos al fisco que el trabajo.

Por ejemplo, quienes venden acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, independientemente de la ganancia que generan, pagan sólo 10 por ciento y una persona física por su trabajo puede llegar a pagar hasta 35 por ciento de su ingreso, detalló Benumea.

Si bien los investigadores de Fundar reconocieron los esfuerzos que se han hecho por reducir la evasión fiscal, sobre todo en grandes contribuyentes a los se aplicaban “amnistías fiscales” en otras administraciones, aún hay mucho espacio para mejorar el sistema tributario mexicano; entre los primeros pasos se enlistan mejorar la recaudación local, mantener las medidas contra la evasión fiscal, revisar los gastos fiscales y generar impuestos a la riqueza.

Ramírez Casillas explicó que contrario a las narrativas de que un impuesto a la riqueza puede llevar a la fuga de capitales, se marca la diferencia entre impuestos a personas físicas y morales. Al final lo que se plantea es un impuesto a personas físicas con una alta concentración de riqueza (carros, obras de arte, mansiones), no a los activos productivos.

Además, dada la magnitud de la desigualdad que impera en la región, los impuestos a la riqueza no quitan la “condición de rico”. Con base en un estudio levantado en Colombia, por cada punto porcentual que se aumenta el impuesto a la riqueza, ésta disminuye 2 por ciento. “Es muy poco en realidad. No es lo que se espera, que vaya a haber una fuga de capitales masiva o algo por el estilo”, zanjó.

Con una discusión sobre la reforma fiscal, prevista para la segunda mitad de 2021, Benumea consideró que, de no concretar un impuesto a la riqueza, el gobierno encabezado por Morena –con la presidencia y las mayorías en el Senado y la Cámara de Diputados– desperdiciaría una oportunidad para paliar la desigualdad del país.

Los ricos deciden en nombre de todos

El emblema de la actual administración “primero los pobres” pasa por gravar la riqueza y combatir la desigualdad, y si bien hay diversas opciones para redistribuir ingresos y patrimonio en el país, “somos conscientes que en la discusión tributaria las personas más ricas, con más poder político y económico, suelen decidir en nombre de todos”.

En ese sentido, recalcó que “una verdadera demostración de la separación entre el poder político y económico implicaría mejorar la recaudación a los altos ingresos y a la riqueza en nuestro país”. Para ello son necesarios voluntad política y perder el miedo a las narrativas que regresan cada vez que se plantean reformas para mediar en la desigualdad: la fuga de capitales y las pérdidas de empleo.