La violencia extrema en comunidades indígenas de Guerrero y Chiapas sigue imparable, como lo documentan los centros de derechos humanos Tlachinollan y Fray Bartolomé de las Casas. Los pueblos sobreviven, además de al límite de la pobreza, bajo el yugo de la violencia caciquil, paramilitar, del narco y de los gobiernos en turno.
El Centro Tlachinollan registró recientemente 20 casos de feminicidio, 20 de violencia sexual, 80 de violencia física y 85 de violencia económica en la región guerrerense, tan sólo desde que empezó la pandemia, por lo que convocó a la Campaña por la vida: Mar de agravios, montaña de quebrantos, con el fin de visibilizar el “aumento exponencial de la violencia que ejercen grupos de la delincuencia organizada que actúan en colusión con los cuerpos de seguridad y demás autoridades locales”.
Tlachinollan explica que desde 2018 existen por lo menos 13 grupos de la delincuencia organizada que se disputan el control territorial para la siembra y trasiego de drogas en la entidad, lo que ha disparado los homicidios, secuestros y extorsiones.
Más al sur de México, en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas no deja de denunciar los ataques que prácticamente todos los días llevan a cabo grupos armados de corte paramilitar en contra de poblados de Aldama. La Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados refiere una intensificación en la detonación de armas de fuego provenientes del territorio de Santa Martha, Chenalhó, situación que, advierten, “ha causado un estado de alerta y precariedad en la región, además de que implica un riesgo a la vida e integridad física y sicológica de los habitantes”.
Cada minuto se reportan disparos en la zona y las agresiones se extienden a lo largo de los 11 kilómetros que limitan a Aldama con el territorio de Santa Martha, sin que el gobierno estatal ni el federal hagan nada para detener las agresiones.
Los grupos violentos actúan al amparo del Estado en ambas entidades. Demostrar lo contrario frenaría de una vez por todas el sufrimiento de miles de indígenas no contemplados más que en campañas electorales y para sembrar arbolitos.
