El artículo que publiqué hace poco aquí “Precariedad y promesas rotas: UAM” (10/4/21), sobre los compañeros y compañeras privados de su pensión “vitalicia” tuvo reacción inmediata y hostil. Una profesora deja un mensaje en un grupo de Facebook, “UAM-Iztapalapa” con 38 mil integrantes, en el que me señala como protagónico y carente de moral porque me dedico a escribir artículos en La Jornada (acusación ésta que mucho me honra), en lugar de estar escribiendo buenos artículos académicos. Dice el texto: “cómo le gusta a Aboites presentarse como un gran crítico, pero es de los primeros que compite por los estímulos y acumula puntos por cada uno de sus comentarios en La Jornada a lo largo del año más que por artículos académicos, no tiene calidad moral”. Y me llama la atención que en su reacción no mencione siquiera el tema de las compañeras y compañeros afectados y que mejor opte por enderezar el comentario hacia quien denuncia.
Descalificar al mensajero no es sólo un castigo al que se atreve a señalar, es también una manera de diluir y distraer del mensaje. Pero en concreto caben algunas preguntas. ¿Cómo sabe una profesora que ni siquiera conozco, en qué momento llega a la Comisión Dictaminadora mi solicitud de evaluación y documentación anexa? Ni yo lo sé. ¿Cómo sabe que yo presento a evaluar mis artículos en La Jornada, y por qué pierdo calidad moral para criticar si solicito que se evalúen junto con otros “productos” también reconocidos como actividad académica en el tabulador UAM? ¿Cómo conoce información mía tan precisa como que el total de puntos que acumulo por escribir en La Jornada es mayor que la calificación que me otorga la Dictaminadora por un artículo académico? ¿Cómo sabe todo esto si las calificaciones y expedientes no son públicos y, por supuesto, no se puede divulgar su contenido?
Hay una posible respuesta: en la copia del expediente 2020 ya evaluado que me entrega la Dictaminadora, ahí aparece, ¡oh sorpresa!, el nombre de la profesora, y no sólo como integrante, sino como la presidenta de la Comisión Dictaminadora, y ella firma el expediente ya calificado. Pero hay algo más, es posible plantear la hipótesis de que la razón por la que mis artículos en La Jornada acumulan más puntos que un artículo académico no es porque la Comisión Dictaminadora los califique alto (el puntaje para artículos periodísticos es fijo: 60 puntos), sino porque indebidamente se dio a los artículos académicos la calificación más baja que permite el tabulador (880 puntos). Y así resulta que con “los comentarios en La Jornada” (como les llama la profesora como si fueran fáciles, y que son 25 por año: mil 500 puntos), parece que así sostengo mi carrera académica. Sin embargo, es útil ver la historia: en nueve años de evaluaciones anteriores, fueron 39 los artículos académicos evaluados, todos publicados: uno como libro (900 páginas), muchos como capítulos de libros ya en circulación o publicados como artículos en revistas universitarias, de organizaciones o centros de investigación en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, España, Inglaterra y México. De esos 39, sólo tres merecieron el nivel más bajo, 880, y todos en años distintos. En promedio, los 39 obtuvieron una calificación de 2 mil 134 puntos. Hago todas estas aclaraciones por hartazgo en general del discurso derechista soberbio y lleno de afirmaciones endebles y sin sustento histórico que llevan a juicios fáciles y fulminantes para acabar con las personas. Y ahora ocurre en las universidades e incluso en los altos niveles de responsabilidad institucional y afecta directa y tangiblemente a personas.
Llama la atención lo fácil que es en el diseño organizacional como el de la UAM que los actos unilaterales y arbitrarios de funcionarios contra integrantes de la comunidad no sólo sean perfectamente posibles y repetidos, sino que pese a que se denuncian no traen consigo acción eficaz alguna. La excusa siempre es una interpretación y un reglamento (y la UAM los tiene hasta en las macetas). No hay tampoco a dónde ir para que se rectifique una descalificación al trabajo de uno que sí ocurrió, ni de paso, para que se dé reconocimiento a varios años de trabajo realizado, evaluado y calificado por la Comisión Dictaminadora, pero luego desconocido por la administración. Es el sustrato de injusticia con el que hay que vivir. Por otro lado, aquí está una prueba más de cómo este aparato de evaluación en cualquier momento puede volverse contra las y los propios académicos, y debería cambiar. En contraste con la pequeñez que aquí se narra, destacan, todas las respuestas amplias, generosas y solidarias con la problemática de los pensionados “vitalicios”. Como la de los académicos de la ENAH y en especial del siempre claro y entregado Gilberto López y Rivas. Todos integrantes de esa gran multitud generosa en la que se destacó en vida y en el Situam nuestro muy querido camarada y amigo de 40 años, Alejandro Vega.
* UAM-Xochimilco
