Diversas organizaciones civiles y gubernamentales lamentaron la aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), por considerar que de esta forma se hicieron a un lado las necesidades y preocupaciones de las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias.
En redes sociales, la Comisión Nacional de Búsqueda dio a conocer un pronunciamiento –respaldado por 28 comisiones estatales– en el cual rechazaron el aval de la Cámara de Diputados a la mencionada norma, por considerar que ello “desconoce los derechos a la verdad y la justicia, y representa un obstáculo para la búsqueda de las personas desaparecidas”.
Lo anterior, enfatizaron los organismos, porque la FGR “ha rechazado coordinarse con otras instituciones y aplicar el Protocolo Homologado de Búsqueda, ha negado la existencia del derecho de toda persona a ser buscada, y ha afirmado que su obligación de investigar no está relacionada con su obligación de búsqueda”.
Por su parte, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se sumó a la condena por la aprobación de la ley de la FGR, pues de esa forma se ignoró “un largo proceso de exigencia para lograr construir una norma que tomara en cuenta las necesidades de las víctimas y sus familiares”.
Asimismo, añadió que “ante la actual crisis forense y de desaparición en nuestro país, la nueva Ley de la FGR representa una grave regresión a importantes logros que hemos sumado a nuestra lucha durante años, y contiene lineamientos que violan nuestros derechos como víctimas, tales como el de participación y el de acceso a la justicia”.
A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un “atento llamado al Congreso de la Unión para que reconozca los derechos y la participación activa de las víctimas de violaciones de derechos humanos”.
El organismo llamó a que en la nueva norma “se observe el respeto irrestricto a los derechos humanos de las víctimas. Por ello consideramos que en todo momento del proceso legislativo sean atendidas las opiniones y propuestas de la sociedad civil, que ya han sido expresadas, y se garantice el derecho de acceso a la justicia”.
