Legisladores federales y líderes sindicales, de salud pública y defensa de los consumidores entregaron a la Casa Blanca una petición con dos millones de firmas en la que se insta al presidente Joe Biden a sumarse a las 100 naciones que promueven“poner a la gente primero que las ganancias”, garantizando acceso universal a las recetas y materiales para producir vacunas anti-Covid-19. La medida central de esta campaña pasa por suspender las protecciones que otorga la Organización Mundial de Comercio (OMC) a las empresas farmacéuticas para controlar la fabricación y distribución de las inmunizaciones, una iniciativa cuyo éxito requiere del peso decisivo de Estados Unidos en dicha instancia multilateral.
El pasado 14 de abril, la campaña para contar con una “vacuna del pueblo” recibió el espaldarazo de 102 ganadores del Premio Nobel, así como 79 ex jefes de Estado o de gobierno, quienes publicaron una carta abierta en la que se pronuncian por salvar vidas e impulsar la inmunidad de rebaño a nivel global compartiendo el conocimiento y la tecnología necesarios para la producción de los fármacos. La misiva señala que hasta ahora las personas en los países pobres no se han beneficiado del resonante triunfo científico que significó el desarrollo de vacunas para el coronavirus en el espacio de menos de un año; y recuerda que “ni el mercado ni el nacionalismo estrecho” pueden ofrecer respuestas adecuadas a las amenazas a la salud pública, las cuales ignoran fronteras políticas y sólo pueden encararse mediante la inversión gubernamental, la cooperación y la solidaridad.
En conferencia de prensa, el senador estadunidense Bernie Sanders fue más allá al declarar ayer que el derecho de los pobres a recibir la misma protección frente al virus que los ciudadanos de los países ricos no es un gran debate, sino “moralidad común humana”. El legislador por Vermont, quien se ha convertido en la principal figura de un amplio movimiento por la transformación social en un país de lacerantes contrastes y desigualdad creciente, exhortó a aclararle a la industria farmacéutica “que salvar tal vez millones de vidas es más importante que proteger sus ganancias ya de por sí excesivas”.
No sólo tiene razón el socialista democrático al señalar que las farmacéuticas ya obtienen un lucro desmedido con sustancias cuya disponibilidad es una cuestión de vida o muerte, sino que en este caso la apropiación privada de las patentes resulta injustificable, toda vez que las investigaciones que llevaron al desarrollo de varios de los fármacos fueron subvencionadas con dinero público. Sólo en Estados Unidos, seis empresas o consorcios recibieron 10 mil 761 millones de dólares del gobierno, ya fuera mediante inyecciones de recursos a fondo perdido, o mediante contratos de suministro de fármacos que no existían y cuya viabilidad era incierta.
Está claro que los principios éticos expuestos por Sanders y otras voces resultan de seguimiento obligado para gobiernos que, como el de Washington y sus aliados, se arrogan el papel de guardianes de la vigencia de los derechos humanos en el resto del mundo. Cabe esperar que el presidente Biden se conduzca de manera congruente con la defensa de estos derechos y se decida a, por una vez, poner las vidas humanas por encima de las ganancias de un puñado de compañías.
