Ciudad de México. Diversas organizaciones civiles y gubernamentales lamentaron la aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), por considerar que de esta forma se hicieron a un lado las necesidades y preocupaciones de las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias.

En sus redes sociales, la Comisión Nacional de Búsqueda dio a conocer un pronunciamiento —respaldado por 28 comisiones estatales— en el cual rechazaron el aval de la Cámara de Diputados a la mencionada norma, por considerar que ello “desconoce los derechos a la verdad y la justicia, y representa un obstáculo para la búsqueda de las personas desaparecidas”.

Lo anterior, enfatizaron los organismos, porque la FGR “ha rechazado coordinarse con otras instituciones y aplicar el Protocolo Homologado de Búsqueda, ha negado la existencia del derecho de toda persona a ser buscada, y ha afirmado que su obligación de investigar no está relacionada con su obligación de búsqueda”.

El dictamen aprobado en San Lázaro, recalcaron, significa una “regresión” en varios sentidos, pues “niega derechos de las víctimas frente al Ministerio Público; debilita la obligación de la FGR frente a los mecanismos de derechos humanos; elude su responsabilidad en relación con las víctimas migrantes, restringe la facultad de atracción y limita la integración de las comisiones especiales”.

Además de lo anterior, “tergiversa la verdadera autonomía ministerial y regresa a una fiscalía vertical, no transparente y cerrada a la ciudadanía, así como al trabajo interinstitucional y coordinado”.

Por su parte, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México —conformado por 74 colectivos de 22 estados de la República mexicana y de 3 países de Centroamérica— se sumó a la condena por la aprobación de la Ley de la FGR, pues de esa forma se ignoró “un largo proceso de exigencia para lograr construir una ley que tomara en cuenta las necesidades de las víctimas y sus familiares”.

Durante las mesas de discusión convocadas por la Cámara de Diputados, “expresamos abiertamente nuestras principales preocupaciones en torno a la ley presentando fundamentos técnicos, teóricos y prácticos, pero “estos no fueron considerados, lo cual demuestra la simulación de dicho proceso”.

En el mismo tono, reprobó que el diálogo “fuese apresurado y no cumpliera con la función de ser un espacio de análisis y escucha para mejorar el dictamen”.

Asimismo, añadió que “ante la actual crisis forense y de desaparición en nuestro país, la nueva Ley de la FGR representa una grave regresión a importantes logros que hemos sumado a nuestra lucha durante años, y contiene lineamientos que violan nuestros derechos como víctimas, tales como el derecho a la participación y el acceso a la justicia”.

De su lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le hizo un “atento llamado al Congreso de la Unión para que reconozca los derechos y la participación activa de las víctimas de violaciones de derechos humanos”.

El organismo público llamó a que en la nueva norma “se observe el respeto irrestricto a los derechos humanos de las víctimas. Por ello consideramos que en todo momento del proceso legislativo sean atendidas las opiniones y propuestas de la sociedad civil, que ya han sido expresadas, y se garantice el derecho al acceso a la justicia”.

La CNDH llamó al Poder Legislativo a aprobar “una Ley Orgánica de la FGR que garantice la protección de los derechos humanos de las víctimas, el principio de progresividad, el de máxima publicidad de la información y se garantice una coordinación interinstitucional para la atención y acompañamiento de las víctimas de derechos humanos”.