Ciudad de México. En medio de una rebelión de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que exigieron al presidente José Luis Vargas no dilatar injustificadamente las sesiones para resolver casos centrales, se conoció que el proyecto de resolución sobre el recurso de inconformidad de Félix Salgado Macedonio (en contra del retiro de su candidatura a gobernador de Guerrero) ratifica la sanción.

El proyecto de fallo, elaborado por el magistrado Indalfer Infante, confirmaría, de aprobarse por el pleno, la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar el registro de su candidatura.

Aun cuando el pleno podría rechazar el sentido del proyecto, en el documento circulado, se establece que, al confirmarse la sanción, en el resolutivo cuarto indica: “el partido político Morena deberá sustituir al candidato a gobernador en Guerrero dentro del plazo otorgado por la autoridad responsable (48 horas) mismo que se computará a partir de la notificación de su ejecutoria”.

La dilación injustificada para convocar a sesiones del TEPJF motivó que los magistrados Janine Otálora, Felipe Fuentes Barrera , Indalfer Infante, Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata acusaran a Vargas de asumir una actitud “unilateral” que ha detenido resoluciones pues, afirman, no hay razón material ni jurídica para no realizar las sesiones y se está “afectando la impartición de justicia”.

La inconformidad se da en el contexto en el que además del proyecto de Salgado, también desde la semana pasada se conoció que estaba listo ya el proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera relacionado con el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que acota la posibilidad de que, mediante las coaliciones, se genere sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Los magistrados del TEPJF subrayan: “no alcanzamos a apreciar las justificaciones por las cuales se difieren las sesiones referidas pero consideramos que ello implica trastocar principios constitucionales que es nuestra responsabilidad guardar”. En tanto, la magistrada Mónica Soto, única que no firmó el documento pidió vacaciones a partir de hoy.

El texto advierte: “consideramos que la determinación de diferir las sesiones fue tomada unilateralmente, en contravención de las atribuciones del pleno de este órgano jurisdiccional federal en lo atinente a una definición de los asuntos por resolver y la fijación de la agenda jurisdiccional. Estimamos que esa determinación afecta la impartición de la justicia constitucional electoral toda vez que implica el aplazamiento del análisis y resolución de asuntos relacionados con el registro de las candidaturas”, en el entendido que las campañas están en curso.