La aprobación en la Cámara de Diputados del dictamen por el cual se crea una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) es “una puñalada tremenda” para las víctimas y sus familias, pues no se tomaron en cuenta las advertencias de que esa norma hace una mala interpretación de la autonomía del organismo.
Así lo afirmó Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quien consideró que con este acto “se mantiene la maquinaria de impunidad e ineficiencia” de la época de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
“Es una vergüenza el papel que han tenido las Cámaras de Senadores y Diputados, sobre todo frente a las víctimas, pero también frente a la ciudadanía, porque nos regresan al esquema antiguo de la PGR, con una mayor fragmentación en las investigaciones que no ayuda a desestructurar a las organizaciones criminales”, deploró la abogada.
Además, otros aspectos preocupantes de la iniciativa son que se le resta importancia al centro de profesionalización de servidores de la FGR, y se le quita a las víctimas el derecho a que sean investigados y sancionados todos los casos, y no sólo los que la Fiscalía elija.
Para Delgadillo, la aprobación de la nueva ley de la FGR y la ampliación del periodo del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, es una señal de que en el Poder Judicial “se está gestando una complicidad tremenda que irá poco a poco erosionando nuestra democracia”.
Cuando el Poder Judicial “está maniatado por el Ejecutivo y pierde su independencia”, alertó la especialista, “se pierden las vías mínimas de defensa de los ciudadanos. Es muy grave que estemos perdiendo estos principios, y si a esto le sumamos la militarización de la seguridad y del tema migratorio, el escenario es preocupante”.
