La segregación siempre fue una forma de dominación, al separar a las personas por su pertenencia de clase, de color de piel, de opciones sexuales y geografías. Los trabajadores siempre vivieron en barrios separados de las clases medias y altas, en áreas con menos servicios, peor calidad del aire y del agua, y con mucha menor cantidad de espacios verdes.
Los pueblos originarios y negros han sido despojados de sus territorios, proceso que se ha profundizado en las últimas décadas, condenándolos a vivir en las tierras menos productivas, a menudo en pendientes y zonas rocosas, como sucede con los nasa y misak, del Cauca colombiano.
Hay muchas más formas de segregación, pero ahora aparecen nuevas, con la excusa de la pandemia. Se perfilan “pasaportes sanitarios” para atravesar fronteras, incluyendo o excluyendo las vacunas que las multinacionales prefieren o rechazan.
Por ejemplo, un latinoamericano no podrá ingresar a Europa si fue vacunado con Sinovac, aunque es uno de los biológicos más difundidos en la región (https://bit.ly/3nebLmH). No sólo exigen vacunación, sino que discriminan por la geografía de donde proviene la persona, en una geopolítica sanitaria que agrava la segregación.
Estamos ante una ventana de oportunidades para quienes, con la excusa de la pandemia, buscan cercenar libertades engordando códigos penales. En Uruguay, el parlamento está a punto de aprobar una ley que crea el delito de “peligro sanitario”, que se aplicará a quienes incumplan las normas sanitarias.
Si el nuevo delito suena grave, el que se pueda penar con tres a 24 meses de prisión “sin la necesidad de comprobar que la persona contagió a otra” (https://bit.ly/3v94CqI), es muestra de la discrecionalidad con que se pretenden establecer las penas.
El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Juan Fagúndez, calificó la ley de “absolutamente fascista”, pues considera “un error inventar un delito en estas circunstancias y para este momento” (https://bit.ly/3tDaHLr). Como sucedió durante la dictadura militar, “otra vez va a caer sobre los jóvenes la punición de su conducta”, algo que no tiene ninguna relación con la salud, sino con el disciplinamiento de generaciones enteras que no aceptan la imposición de conductas por el Estado y la policía.
Algo que se pretende penalizar son las fiestas y encuentros juveniles que producen “aglomeraciones”, figura que la policía está empeñada en criminalizar.
Meses atrás, el parlamento uruguayo aprobó una ley sobre un artículo de la Constitución, por la cual se suspendieron por cuatro meses las “aglomeraciones de personas” que pueden generar un “notorio riesgo sanitario”. Sin embargo, cuando se le pidió al gobierno que definiera lo que entiende por aglomeración y cuánta gente incluye, respondió que eso corresponde definirlo a la policía en el momento y sobre el terreno.
En suma, es la policía o el “golpe de Estado permanente”, en palabras de Michel Foucault, la que tiene la potestad para definir si existe riesgo sanitario cuando grupos de jóvenes se juntan. En los últimos meses, la policía ha llegado a disolver más de 100 aglomeraciones diarias, en un país de apenas 3 millones de habitantes (https://bit.ly/3sHS7jX). En algunos casos se trataba de “grupos” de apenas cinco personas en una playa, como muestran las redes sociales (https://bit.ly/2P7Kaaa).
De lo que se trata es de apretar las clavijas del control social, prohibiendo manifestaciones (la del 8M ya ha sido acusada en todo el mundo de expandir la pandemia), recortar derechos y libertades permitiendo el ingreso de la policía a las viviendas particulares, incluso por la noche, si hay una denuncia por riesgo sanitario.
Entiendo esta situación como parte de la militarización de nuestras sociedades. El control a gran escala, con policías, cámaras de seguridad y drones, se complementa con un control capilar, que invade todos los rincones de la sociabilidad popular.
En este asunto también hay clases y geografías. Para disipar cualquier acusación de “conspirativismo”, un estudio sobe movilidad en Montevideo (1.5 millones) con datos de Google, dice que cayó 51 por ciento la movilidad en plazas, parques y playas; bajó 48 por ciento en restaurantes, cafeterías y centros comerciales, y más de 40 por ciento en el transporte público; pero aumentó 10 por ciento en las zonas residenciales, o sea en los barrios de clase media alta y alta (https://bit.ly/3n83SiB).
¿No estamos acaso ante un panóptico a cielo abierto, una gigantesca cárcel cuyos barrotes son poco visibles, porque sus guardianes son nuestros vecinos, y hasta nosotros mismos? ¿Cómo se escapa de una cárcel así?
No lo sabemos, porque las formas de dominación van mutando, las nuevas se superponen a las viejas, sin sustituirlas. Lo seguro es que no hay salidas individuales y sin estar organizados. Lo demás habrá que improvisarlo, probando, errando y volviendo a probar, hasta abrir brechas.
