Durante las audiencias de vinculación en contra ex funcionarios de la Policía Federal señalados de participar en desvíos de recursos de la corporación en el sexenio pasado, aunque el Ministerio Público federal acusa de un monto de más de 2 mil 500 millones de pesos, no ha presentado argumentos para acreditar la trasferencia ilegal de 80 millones de pesos, revelaron funcionarios federales del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Esta fue una de las razones para que el martes pasado un juez federal con residencia en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, decretara libertad por falta de elementos en favor del ex agente Francisco Javier Cruz Rosas, uno de los ex jefes policíacos acusados por la Fiscalía General de la República (FGR), de haber cometido los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En agosto del año pasado, el Ministerio Público federal obtuvo órdenes de captura contra 19 ex servidores públicos. Entre los principales inculpados se encuentran los ex secretarios generales de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, quienes tenían entre sus facultades la administración de bienes, autorizar y organizar licitaciones, adjudicar contratos de bienes y servicios, el manejo de recursos financieros y humanos.
La Jornada dio a conocer que, de acuerdo con las investigaciones que realizaron la FGR y Auditoría Superior de la Federación (ASF), a solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), se detectó que los desvíos de recursos se registraron en la partida destinada a gastos en seguridad pública y nacional.
Por este caso sólo han sido detenidos dos personas, Cruz Rosas y Eleuterio Enrique Pérez Romero, ex jefe de departamento de la Coordinación de Administración y Servicios en la Secretaría de Gobernación, así como de la PF, vinculado a proceso.
Según las investigaciones, se presume que Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez se otorgaron cheques nominativos a su favor por sumas millonarias, además de haber impulsado y autorizado compra de bienes y servicios con notorios sobreprecios.
Debido a que la FGR desconoce su paradero ya que se presume abandonaron la República, en octubre pasado la Policía Internacional (Interpol) emitió una ficha roja para que las corporaciones de más de 180 naciones colaboren en su búsqueda, localización y detención ya que en su contra existe orden de aprehensión por dicho desvío de recursos.
