El proceso electoral en curso pasará a la historia de las elecciones de México como el primero que permitió la participación indígena en la elección de diputados y gobernadores. También será recordado como el que más fraudes acumuló contra el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, cometidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano responsable de organizar las elecciones, los partidos políticos y personas pertenecientes a pueblos indígenas. No es que antes no hubieran participado los indígenas como candidatos a puestos de elección popular. Al Partido Revolucionario Institucional se le recuerda por postular como diputados o senadores a caciques indígenas; durante un tiempo el Partido de la Revolución Democrática reservó algunas diputaciones y senadurías para miembros de algunas organizaciones indígenas, y en el Partido Acción Nacional se hizo deporte ofrecer diputaciones y senadurías a algunos indígenas, como una manera de mostrarse políticamente correcto.
Pero existe una diferencia entre aquellas candidaturas y éstas. Las primeras eran un ofrecimiento que los partidos hacían a algunos líderes indígenas, éstas, en cambio, son candidaturas que los partidos políticos están obligados por el INE a reservar a indígenas, disposición que ha sido refrendada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con algunos matices. Sólo que la reserva de candidaturas indígenas en los partidos no es una forma de ejercicio de los derechos políticos de los pueblos indígenas, al contrario, representa una manera de someter ese derecho autonómico a los espacios estatales, juego en el cual de manera inocente o cínica han participado algunos indígenas, legitimando la violación de los derechos políticos de estos pueblos, con el argumento de impulsar su ejercicio.
En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa que, como parte de su autonomía, los pueblos indígenas tienen el derecho de acceder a cargos públicos de elección popular “de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales” y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas dispone que “los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”. En esta normativa, de observancia obligatoria para el Estado mexicano, está claro que el derecho es de los pueblos y debe ejercerse a través de sus propios mecanismos, lo que incluye la manera de elegir los procedimientos para hacerlo. Imponer otra forma de hacerlo, como ha hecho el INE, resulta violatorio de los derechos indígenas.
Pero el asunto no queda ahí. Los partidos políticos han usado esa determinación para, con un criterio por demás racista y discriminatorio, en lugar de reservar esos espacios para candidatos que eventualmente pudieran proponer los pueblos o comunidades indígenas, postular a personas no indígenas que se quedaron sin espacios, pero a ellos les interesa que accedan al poder legislativo. Para lograrlo se les hizo fácil acudir a alguna comunidad indígena a obtener una constancia que los acreditara como miembros de ella y en los casos en que eso no fue posible, la falsificaron. No contaban con que había indígenas interesados en esas candidaturas y fueron quienes protestaron por el desaguisado, con lo cual desenmascararon las mañas partidistas, pero también las suyas, pues argumentaban que ellos estaban legitimados para ser candidatos sin que eso fuera correcto, pues como se ha dicho, el derecho de postular candidatos es de los pueblos y comunidades indígenas, no de las personas que pertenezcan a ellas.
Todos estos fraudes no sólo atentan contra el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser ellos quienes postulen los candidatos a representarlos en la integración de los poderes nacionales; también desnaturalizan el sentido de la participación política de los indígenas y el sentido de éstas. En el caso de los cargos políticos, por ejemplo, mientras fuera del mundo indígena se considera un derecho individual por el que, además, quien accede a él recibe un alto salario, en el mundo indígena se trata de un servicio gratuito, un sacrificio que hay que hacer para mantener la armonía del pueblo o la comunidad. Ese es el sentido de la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la integración de los órganos de gobierno; no que algunas personas indígenas sean postuladas por algún partido político, mucho menos que éstos los usen para satisfacer intereses mezquinos de sus allegados.
Pero para que eso suceda hacen falta muchos cambios. El principal, superar el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas y que éstos se organicen para que no sean suplantados por traficantes de la política.
