El pleno del Senado aprobó ayer, con la mayoría de Morena y sus aliados, la minuta con la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que permite a la autoridad energética suspender e incluso revocar permisos a empresas privadas que incurran en contrabando, robo de gasolina y otros petrolíferos y petroquímicos, y la turnó al Ejecutivo federal para su promulgación.
La reforma fue avalada con 65 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones, entre la amenaza de PAN, PRI, PRD y MC de que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte porque, a su juicio, se violentan disposiciones de la Carta Magna, al propiciar el monopolio de Petróleos Mexicanos (Pemex) y aplicar un régimen confiscatorio a las empresas dedicadas a la distribución, almacenamiento y comercialización de combustibles.
Una de las intervenciones más virulentas fue la de la priísta Claudia Ruiz Massieu, quien incluso acusó a los senadores de Morena de “obediencia, ciega, irreflexiva e inflexible” para aprobar esa reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que deja en la indefensión a quienes invirtieron en el sector energético.
Ello, agregó, para “avanzar en la aprobación de la vergonzosa agenda legislativa dictada desde Palacio Nacional”.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, respondió a los opositores que “nadie debe llamarse a sorprendido”, porque desde 2013 los legisladores de Morena dejaron claro que iban por modificar la reforma energética aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Les preguntó sobre la validez de la misma: “¿Es legítima una reforma cuya aprobación es producto del soborno, del cohecho y de la corrupción; es decir, de la compra del voto de legisladores con dinero público-privado, del cual ya hay proceso, ya hay personas sujetas a proceso, sin adelantar vísperas?”
Monreal les advirtió que en otras naciones, reformas aprobadas con prevaricación, como éstas, se echan abajo.
Uno de los artículos más impugnados de la reforma es el que faculta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender los permisos en toda la cadena de distribución, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, “cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
Empresa perdedora
El nuevo coordinador del PAN, Julen Rementería, sostuvo que es una reforma expropiatoria porque los permisos que se suspendan no se darán a otras empresas privadas, sino a Pemex, la empresa “que más dinero pierde en el mundo”.
Bastará argumentar la soberanía o seguridad energéticas para señalar el almacenamiento que deberá acreditarse y cancelar permisos. “Eso no es una facultad discrecional, eso es una arbitrariedad”, expuso por su parte Ruiz Massieu.
“Estamos en polos opuestos con la oposición, porque mientras ellos vienen a defender negocios y marcas, nosotros defendemos los intereses de la nación”, les respondió el senador de Morena Martí Batres. Agregó que lo que daría vergüenza a los morenistas es “ser una mayoría ciega y traicionera, como la que aprobó el aumento del IVA, el Fobaproa o la privatización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
Batres aclaró que no es una reforma expropiatoria, ya que particulares “podrán seguir participando en el sector energético, pero sin robar gasolina ni contrabandear combustibles”.
Veinticinco senadores priístas, panistas, perredistas y de MC presentaron reservas en contra de cinco de los seis artículos de la Ley de Hidrocarburos modificados, entre ellos el que establece la “negativa ficta”, es decir, que se dará por rechazada una solicitud de permiso para operar gasolinerías o almacenar combustible cuando la autoridad no responda dentro del plazo establecido.
Todas las reservas fueron rechazadas, por lo que la minuta se aprobó sin cambios y se mandó al Ejecutivo federal.
