Cancún, QR., Unos 200 vecinos de fraccionamientos construidos por la ya desaparecida inmobiliaria Su Casita se manifestaron en los juzgados de distrito en Cancún, Quintana Roo, en demanda de que las autoridades atiendan los casos de despojo de que son víctimas al menos mil 300 familias, mediante procesos legales amañados emprendidos por instituciones crediticias que compraron la cartera vencida. Los manifestantes interpusieron 150 amparos para protegerse, informó el abogado Osniel Peña Altúzar.

Ayer al mediodía, los inconformes, miembros de la Coordinadora de Resistencia Civil, se manifestaron frente a los juzgados de distrito, en la avenida Andrés Quintana Roo, donde reclamaron respeto al derecho constitucional a la vivienda.

Explicaron que los representantes de las instituciones crediticias llegan a sus viviendas, incluso a altas horas de la noche, y echan a la calle a familias enteras.

El abogado demandó al gobierno federal que compre la cartera vencida de todos los deudores, quienes están dispuestos a pagar, pero las cuentas que les muestran los nuevos dueños de sus deudas son impagables. “Queremos pagar, pero de manera justa y sobre todo con la tranquilidad de que (los habitantes) no serán desalojados a cualquier hora sin haber recibido por lo menos una notificación sobre el proceso legal”.

Lamentó que en México no haya políticas de apoyo a pequeños deudores, a diferencia de las grandes empresas o instituciones bancarias, a las cuales se rescata a costa del erario.

Las familias, reconoció, tienen adeudos con la hipotecaria, pero su situación económica se complicó a raíz de la pandemia del Covid- 19, que provocó la pérdida de miles de empleos.

Además, las deudas contratadas con las inmobiliarias están en unidades de inversión (Udi), cuyo valor aumentan conforme la inflación a fin de que los vendedores de los inmuebles no pierdan, pero volvió los pasivos impagables.

Dijo que las instituciones crediticias realizan los juicios sin notificar a los compradores de las viviendas y sólo llegan para realizar embargos, uno o dos por día, a cualquier hora.

Reprochó que mientras el juez de distrito recibió las solicitudes de amparo de los 150 ciudadanos sin problema, guardias de seguridad del distrito amenazaron con desalojarlos. Los inconformes se mantuvieron frente a los juzgados de distrito durante un par de horas.