Mexicali, BC., Carlos Barboza Castillo, el primer titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en Baja California, renunció al cargo un día después de que, a iniciativa del gobernador Jaime Bonilla Valdez, el Congreso local transfirió ese organismo a la Fiscalía General del Estado (FGE), informó el propio dimitente.
Miembros de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática anunciaron que presentarán una controversia constitucional por la eliminación de la autonomía del órgano garante de la normatividad electoral. La reforma aprobada por órdenes del gobernador, que abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía y la somete a la FGE, es “inconstitucional”, declaró la coalición Va por BC.
El ahora ex funcionario presentó su renuncia ante Eva Griselda Rodríguez, presidenta del Congreso del estado, el cual lo eligió por unanimidad el pasado 23 de noviembre de entre una terna presentada por el Bonilla, y agradeció el respaldo recibido durante los casi cinco meses que estuvo al frente del organismo.
En el documento entregado al Congreso local, Barboza Castillo explica que renunció por considerar que fue electo para estar al frente de un órgano autónomo y su presencia carece de razón al perderse esta característica.
Dio curso a dos denuncias en contra de Jaime Bonilla
En entrevista, dio a conocer que dimitió por congruencia con su lucha por los órganos autónomos y anunció que se centrará en sus estudios de doctorado y se mantendrá alejado del proceso electoral.
Barboza comentó que la fiscalía electoral fue concebida como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, y su nombramiento tenía una duración de cuatro años.
Durante los cuatro meses recientes, la fiscalía integró 18 expedientes de denuncias contra servidores públicos, líderes partidistas y particulares. Dos de esas denuncias por delitos electorales fueron contra el gobernador Jaime Bonilla Valdez.
En tanto, representantes de colegios y barras de abogados advirtieron que la reforma propiciará la impunidad, pues en 30 días no habrá quien investigue a quienes violen la ley electoral.
