Ciudad de México. El sector privado del país consideró que la actual política energética emprendida por la administración federal “inhibe la inversión en México”.

Tras la aprobación de la reforma a la Ley de Hidrocarburos en el Senado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó “su gran preocupación”, pues señaló que las iniciativas han sido aprobadas por los legisladores “sin tomar en cuenta las propuestas del sector privado”.

El organismo dirigido por Carlos Salazar Lomelín expuso que las nuevas modificaciones “podrían generar daños económicos, sociales y ecológicos” al país.

Apuntó que las reformas a la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica son violatorias de la Constitución y atentan contra la propiedad privada, el empleo y el desarrollo futuro de México.

“Ambas iniciativas cambian sorpresivamente las reglas para los inversionistas, amenazan la legalidad, la propiedad privada, los compromisos internacionales y sobre todo el medio ambiente”, dijo.

Destacó que las acciones impactarán en forma directa al sector eléctrico y de gasolinas, a través de la creación de empleos y las condiciones de bienestar para los mexicanos al inhibir la inversión en nuestro país.

“Esto ya se ha reflejado con una caída del 75 por ciento en la inversión en el sector de energía entre el 2018 y el 2020. Con ello, se perdió la oportunidad de crear más de 200 mil empleos, que habrían contribuido, de manera importante, a enfrentar la actual crisis económica derivada de la pandemia”, dijo.

Advirtió que las siguientes generaciones verán impactos como la caída en la inversión, la escasez de energía, mayores deudas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), mala calidad del aire y problemas de salud derivados de la contaminación.

Por ello, llamó a las autoridades del gobierno federal para entablar una conversación productiva, y a anteponer el bien de México frente a las posturas ideológicas.

“En un sistema democrático, los problemas del país se resuelven entre todos, dialogando, antes de suprimir las reglas que hubieran podido apoyar, la creación de empleos, el crecimiento y el desarrollo del país”, concluyó.